Fausto de Jesús González, presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (Otigli), denunció que por la falta de pago a intérpretes aproximadamente “7 mil indígenas no han tenido juicios justos” y advirtió que la situación podría empeorar.
Precisó que el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tienen adeudos con los integrantes de la Otigli, una parte de los cuales se remontan al sexenio pasado.
“Ya se han corrido varios procesos sin intérpretes”, señaló a La Jornada Guillermo Alejo, integrante del consejo directivo de la Otigli, por lo que se han violentado los derechos de quienes han enfrentado juicios o han hecho denuncias y sólo hablan sus lenguas o entienden poco el español.
Constitucionalmente está establecido que los indígenas hablantes de lenguas originarias, que enfrentan juicios, deben tener traductores. No obstante se calcula que en el país poco más 80 por ciento de ellos no tienen ese beneficio. Un estudio de Asistencia Legal por los Derechos Humanos de 2018 refiere que 42 por ciento de las personas consultadas en Chiapas dijeron no haber tenido un intérprete-traductor y en Oaxaca fue de 40 por ciento.
Los directivos de la Otigli consideran que no se valora el trabajo de intérprete-traductor. “Que lo vean como política pública o destinen presupuesto. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, pero al parecer por falta de recursos no están haciendo ese trabajo. No atender nuestras demandas es discriminación institucional”.
Este año “nos hemos ido a plantar al Palacio Nacional y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos han recibido medianamente, pero no ha habido tratamiento eficaz, que nos pongan fechas para saber si nos van a pagar y saber qué va a pasar con el convenio que tenemos con ellos”.
Son unos “300 intérpretes de diversas lenguas y orígenes, que prestamos servicios a la Fiscalía de la CDMX, al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, y tenemos un convenio con el Instituto de la Defensoría Pública del estado de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”. Los problemas de pago sólo son con la fiscalía capitalina y el Consejo de la Judicatura.
Con la fiscalía la “deuda es de 2015 a 2020” y explicaron que son sólo los últimos meses de esos años, porque el presupuesto no alcanzaba a cubrir la totalidad del año, y en el caso del consejo es “2018, 2019 y 2020”.
Remarcaron que quieren llegar a un acuerdo, pero vislumbran que pudiera existir “falta de voluntad, porque en otras administraciones había deudas, de 2001 a 2010, igual fue el cambio de administración, pero los que llegaron dijeron sí pagamos y si antes se pudo pagar, ¿por qué ahora no?”.
