Guatemala. El destituido fiscal contra la impunidad de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, abandonó el país para “resguardar su vida” tras señalar que le obstaculizaron investigar al presidente Alejandro Giammattei, informó ayer en redes sociales la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH). El ombudsman Jordán Rodas acompañó a Sandoval a la frontera con El Salvador, “ante la dura decisión de abandonar el país para resguardar su vida e integridad por los recientes hechos”.
Cientos de personas, entre ellas miembros de organizaciones civiles y estudiantes, se manifestaron ayer frente al palacio de gobierno para pedir la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras –quien removió a Sandoval la tarde del viernes–, y del presidente Giammattei, frente a un cerco policiaco que resguardaba el edificio, en el corazón de la capital.
El destino final del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) se desconoce y fuentes de organismos humanitarios salvadoreños indican que ya salió de ese país.
La destitución provocó críticas del Departamento de Estado, que consideraba a Sandoval un “campeón anticorrupción”, además de cuestionamientos de grupos humanitarios, organizaciones sociales y empresariales.
Sandoval dijo el viernes que su labor en la FECI encontró muchos obstáculos y que hasta se le pidió no investigar a Giammattei sin el consentimiento de la fiscal general.
“El despido de Juan Francisco Sandoval es un retroceso para el Estado de derecho en Guatemala”, señaló en Twitter la subsecretaria interina del Departamento de Estado para las Américas, Julie Chung.
“Contribuye a la percepción de un esfuerzo sistemático en Guatemala para debilitar a quienes luchan contra la corrupción”, agregó. Estados Unidos incluso puso en marcha un grupo de trabajo para apoyar a la FECI.
La premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, rechazó la destitución de Sandoval.
Las entidades que integran el Centro Contra la Impunidad en el Norte de Centroamérica rechazaron la decisión de la fiscal Porras, al considerar que significa “retrocesos en la lucha anticorrupción en la región”.
La FECI fue creada para trabajar junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas, para combatir la corrupción e impunidad.
La Cicig dejó de funcionar en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020), tras ser señalado por ambas entidades de corrupción electoral. FECI y Cicig destaparon juntas varios casos de corrupción, entre ellos un fraude en las aduanas que terminó con la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti, acusados de liderar la estafa. Ambos fueron arrestados y aguardan juicio en prisión.