El Movimiento de trabajadores de servicios de salud pública unidos por la basificación entregó al Insabi (28/4/21) un pliego petitorio que recibió pronta respuesta vía una reunión bilateral celebrada en la Ciudad de México (17/5/21).
Los profesionales de la salud comunican haber pactado con el Insabi que: 1. El proceso de regularización laboral partirá de su antigüedad comprobable como trabajadores de contrato, para lo cual se cruzará el listado con la información de cada trabajador y la del SAT, evitando así anomalías; 2. El proceso será de regularizacion y no de basificación para evitar que ningún sindicato pueda intervenir en él; 3. Iniciaría en junio de 2021; 4. Cubrirá a todo el personal de contrato y, una vez regularizado, ingresará al tabulador del Insabi con todas las prestaciones; 5. Empezará con quienes cuenten con 20 años de antigüedad y proseguirá en orden descendente; 6. Los trámites serán personales en módulos específicos donde se actualizarán los documentos; 7. En Guerrero, Chiapas y San Luis Potosí el Insabi realizará las primeras visitas para conocer la situación de cada entidad y, posteriormente, implementará programas que requerirán contrataciones –dónde contempla emplear personal ya contratado– antes de hacer pública cualquier convocatoria; 8. La regularización iniciará paralelamente en el resto de los estados; 9. Se trata de un movimiento de trabajadores con carácter nacional dotado de un canal de comunicación exclusivo y directo con el Insabi.
Hay que celebrar éste diálogo de cara a una demanda tan sentida y legítima del frente operativo –presente desde el inicio de la 4T– como es el nombramiento de base definitiva.
Para apreciarla en toda su profundidad conviene revisar el cuestionario que el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México) aplicó –7/17 de agosto de 2020– sobre condiciones laborales de profesionales de la salud durante el Covid-19. Muestra que: 1. El 38.6 por ciento tenía un contrato sin base con inestabilidad e incertidumbre laboral y renovación variable; 2. Carencia de seguridad social y exceso de trabajo; 3. Enel sector público, 63.43 por ciento disponía de contrato de base, el restante 36.57 por ciento contaba con contratos diferentes sin acceso pleno a derechos laborales que se garantizan con nombramiento de base definitiva; 4. En el sector privado 39.89 por ciento tenía contrato de base y 60.11 por ciento de otro tipo con derechos limitados; 5. El contrato de base en el sector público es 20 por ciento mayor que el del sector privado.
Las diferencias en la situación laboral también se reflejan en los derechos y apoyos otorgados en caso de retiro por complicaciones del contagio de Covid-19 o enfermedades incapacitantes potencialmente infectocontagiosas.
El cuestionario de la UNAM confirmó el incremento de la carga de trabajo –con el consecuente riesgo de contagiarse de Covid-19– y que 88 por ciento en el sector público, así como 80 por ciento en el privado reconoció salarios –en general– insuficientes, que también deben destinarse para la adquisición de equi-po de protección.
Las confirmaciones del cuestionario derivan, justamente, de la ausencia de profesionalización. En las instituciones públicas se contrata bajo un esquema que no corresponde al estatus profesional para pagar salarios menores. Ello genera desigualdad entre los trabajadores basificados y aquellos contratados bajo un esquema diferente, ya que muchos profesionales de la salud no pueden acceder a los procesos escalafonarios para compensar sus ingresos con las prestaciones: el llamado salario indirecto, no el directo, que es generalmente bajo.
Frente a este cuadro, lo que sigue es la profesionalización. La meritoria apertura al diálogo del Movimiento de los trabajadores de servicios de salud pública unidos por la basificación merece un gobierno federal con apertura para reconocer que su oferta de regularización es apenas un espejismo alejado, como cuasi-bases, de un nombramiento de base definitivo, con formato único de movimientos y dígito sindical: único garante efectivo del acceso pleno a las prestaciones de seguridad social.
Como en la Ciudad de México con Galenos Salud, sostener que esa regularización es “de base” supone una “base” sin garantía al Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac), días económicos, días concedidos, días de descanso por buenas notas, con sólo dos periodos vacacionales, sin periodo de riesgo y con vales menores a los pactados con la FSTSE. O sea: una cuasi-base. Nunca base.
La 4T no debe confundir los derechos laborales de los profesionales sanitarios con el uso que de ellos hizo el sindicalismo corporativo, que sumaba plazas de base como boleto directo de acceso a las prestaciones de la contratación colectiva, sin modernizar los profesiogramas y el compromiso –de los beneficiarios de la basificación– en mejoras de la atención. El diálogo, apenas iniciado, puede brindar la oportunidad de empezar a corregir a fondo el estatus laboral de los indispensables profesionales de la salud.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
