Aunque la iniciativa de reforma constitucional del actual gobierno para reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derecho tiene puntos positivos, no considera otros que le darían viabilidad a la propuesta, como permitir a los indígenas elegir a sus autoridades por usos y costumbres –no sólo por medio de partidos políticos– y ejercer directamente los recursos que envíe la Federación.
Así lo indicó Rafael Reyes Martínez, activista e integrante del pueblo tének, en el estado de San Luis Potosí, quien alertó que si las autoridades no toman en cuenta los puntos de vista de las comunidades y no “bajan” las propuestas para ser debatidas en asamblea, la reforma corre el riesgo de convertirse simplemente en un “acto de simulación”.
Los pueblos originarios “aplaudimos este intento de querer garantizar nuestros derechos, pero también vemos que hay ciertas cosas que falta agregar y mejorar”, entre ellas que las autoridades federales reconozcan y valoren las leyes en la materia que ya se han aprobado y están vigentes en diversos estados, dijo.
Otro punto que la iniciativa de reforma no contempla lo suficiente, consideró en entrevista con La Jornada, es el educativo, pues no es explícita la obligación de que en los municipios y comunidades donde un idioma indígena sea predominante las clases sean impartidas en esa lengua, lo cual serviría para reforzar la identidad y los conocimientos de los hablantes.
De igual forma, señaló el integrante de la Asociación de Comunidades Indígenas de Tancahuitz, la iniciativa que actualmente se discute en foros en todo el país sólo indica que los pueblos originarios podrán disponer de candidaturas independientes, “pero nosotros no buscamos eso, sino elegir a nuestras autoridades por usos y costumbres, y no sólo a través de partidos políticos”.
Asimismo, la propuesta no es clara con respecto al uso de los fondos federales para pueblos indígenas, “y nosotros estamos exigiendo que el presupuesto llegue directo a las comunidades para la administración y ejecución de obras públicas, que quede plasmado que debemos acceder plenamente a los recursos”.
La reforma constitucional “es buena, pero es perfectible. Si no se ‘bajan’ las propuestas a las asambleas de las comunidades, no tendrían validez. Se ve que hay buena voluntad, pero podrían quedar como letra muerta, como una simulación”, advirtió Reyes.
