Santiago. El presidente chileno Sebastián Piñera declaró ayer ante la fiscalía por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de octubre de 2019.
Piñera rindió declaración ante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para explicar las acciones realizadas por el gobierno en el contexto de las protestas de hace casi dos años –y durante meses posteriores– y en la causa sobre presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos en ese periodo, confirmó ayer una funcionaria del gobierno que pidió el anonimato por tratarse de una investigación en curso.
El presidente concurrió ante la fiscalía “para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019”, señaló el gobierno central. “El gobierno, junto con reafirmar su compromiso irrestricto con el respeto y protección de los derechos humanos de todos, ha promovido una política de transparencia y colaboración con las investigaciones del ministerio público”, añadió, y enfatizó que el Ejecutivo “apoya el cumplimiento del mandato que les corresponde en un estado de derecho a órganos autónomos como el Poder Judicial y el Ministerio Público”.
En la causa han declarado como imputados el actual director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su predecesor, Mario Rozas. Este último estuvo a cargo durante largo tiempo cuando se produjeron los presuntos delitos de lesa humanidad, que incluyen más de 30 homicidios, violaciones sexuales, torturas, apremios ilegítimos, así como los casos de más de 450 personas que perdieron la vista total o parcialmente, pues los uniformados tenían órdenes de disparar a los ojos de los manifestantes. Sobre este tema existen más de 4 mil denuncias que también investiga la fiscalía.
Un violento estallido social que comenzó el 18 de octubre derivó en protestas, con las demandas iniciales de mejores salarios, pensiones y rebajas en precios de medicamentos, que fueron ampliándose hasta pasar por el fin de las administradoras privadas de las jubilaciones y una nueva Constitución escrita por el pueblo.
Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por la policía y el ejército, bajo el estado de excepción en las primeras semanas, y se cuestionó este actuar y procedimiento en revisiones independientes que acreditaron violaciones a los derechos humanos por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, entre otros.
El proceso derivó en un plebiscito celebrado el pasado 25 de octubre, en el que por gran mayoría de casi 80 por ciento los chilenos decidieron rescribir la Constitución heredada de la dictadura de Agusto Pinochet (1973-1990).
El 15 y 16 de mayo eligieron a los 155 constituyentes, entre los que hay muchos independientes, para crear la primera Carta Magna escrita por el pueblo y que tendrá que ser ratificada por los ciudadanos.
