La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó dictar medidas cautelares en contra de los dirigentes del partido Morena, Mario Delgado, presidente, y Citlalli Hernández, secretaria general, entre otros, por la realización de actos y al difusión de información relacionada con la consulta popular a celebrarse el primero de agosto próximo.
La solicitud de adoptar estas medidas, consistentes en suspender la difusión de la consulta popular realizada por los denunciados y que se exhorte a que se abstengan de seguir realizando dichos pronunciamientos, fue promovida por el Partido Acción Nacional (PAN), que también señaló al secretario de finanzas de Morena, Francisco Javier Cabiedes, y el secretario de comunicación, Cuauhtémoc Becerra.
Según el quejoso se han realizado eventos y publicaciones en redes sociales que hacen difusión indebida de la consulta popular, lo que violaría a lo establecido en el artículo 35 fracción octavo, numeral tres de la Constitución.
La Comisión recordó que ya existe pronunciamiento de este órgano respecto del evento realizado el 27 de junio del año en curso para promover la consulta popular, bajo el argumento de que a través de ésta se llevará a cabo un juicio a los ex presidentes de México, y que además se difundía la misma en la cuenta de Twitter del citado instituto político.
“Mediante el acuerdo 142 de 2021, esta comisión consideró que era improcedente el dictado de medida cautelar al no advertirse una evidente ilegalidad sobre los hechos denunciados”, indicó.
Por lo que respecta a la presunta difusión de la consulta popular realizada por Morena y sus dirigentes a través de la publicación Regeneración y en folletos, se consideró también improcedente el dictado de medidas cautelares porque en principio el orden jurídico no establece restricción o prohibición expresa para que se involucre, promueva o realice actos en torno dicho ejercicio ciudadano, siempre que no se contraten tiempos en radio o televisión para ello. “Situación que no acontece”.
Tampoco se advierte que algún servidor público emanada de Morena haya sido instruido a contratar o adquirir tiempos en radio y televisión para influir en la opinión ciudadana o a difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido.