Para la elaboración de su proyecto de presupuesto, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe partir de combinar un criterio de racionalidad en el gasto con obtener los recursos necesarios para garantizar la operación y el cumplimiento de sus obligaciones, sostuvo el presidente de la comisión temporal de Presupuesto, Jaime Rivera.

Sin embargo, destacó que hay dos factores que generan incertidumbre y debe analizarse su presupuestación o no: la revocación del mandato y otra consulta popular.

Durante la instalación de dicha comisión, Rivera especificó que el trabajo colegiado se deberá realizar con las áreas ejecutivas para conocer los requerimientos de gasto y a partir de criterios de eficacia y racionalidad definir el presupuesto para 2022.

“Debemos asegurar que con un presupuesto racional se puedan cumplir las funciones permanentes del INE, definiendo los objetivos específicos propios del año de ejercicio”.

El instituto deberá aprobar su proyecto de presupuesto para 2022 a más tardar el 27 de agosto, con el objeto de remitirlo a la Secretaría de Hacienda para que se integre en el paquete de egresos que se enviará al Congreso. No obstante, será hasta septiembre cuando se conozca si se realizará una nueva consulta y en noviembre empezaría el proceso de petición para realizar el ejercicio de revocación de mandato.

Representantes partidistas plantearon que el INE debería contemplar como parte de su partida la realización de ambos ejercicios, independientemente de que al final se efectúen o no. En su caso, ante la muy probable ejecución de un nuevo recorte del presupuesto al instituto electoral –dijeron–, como ha ocurrido en los últimos dos años, el organismo debería programarlo, y de no concretarse, devolver los recursos a la Secretaría de Hacienda.