El 4 de junio del año en curso, la Dirección General de Conservación para el Desarrollo, perteneciente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Cnanp), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), emitió el oficio DGCD/250/2021 para informar a autoridades comunales de San Luis Potosí que mil 805 hectáreas de San Miguelito quedarán excluidas de la protección ecológica de esa sierra.

El escrito fue dirigido a los integrantes del “Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito”: Rodolfo Valdés García, presidente; Antonia Menchaca Llanas, secretaria, y María Martina Bravo Menchaca, tesorera. El texto lleva la firma de “M. en D. César Sánchez Ibarra, director general de Conservación para el Desarrollo”.

Sánchez Ibarra divide sus señalamientos en dos apartados. El primero dice: “1, Se respetarán 1,805-48-42 ha al norte de la Comunidad, y se excluyen del proyecto presentado en el citado Aviso”. El fraseo significa que del total del proyecto de declaración de Área Nacional Protegida en la sierra de San Miguelito se “respetarán” mil 805 hectáreas. Tal “respeto” implica que “se excluyen” de la protección del medio ambiente de la sierra en general, de tal manera que quedan disponibles para operaciones como, por ejemplo, su venta a desarrolladores inmobiliarios que llevan tiempo preparando el arranque de la construcción de un proyecto de residencias de lujo que podría denominarse Cañadas.

Tres días después del primer escrito, firmado por Sánchez Ibarra, fue enviado a Andrés Carlos Covarrubias Rendón, entre otros destinatarios, un texto aparentemente apaciguador o intencionalmente enredador. El oficio DRCNANP/395/2021 fue firmado por la bióloga Lilian I. Torija Lazcano, titular de la Dirección de Representatividad y Creación de Nuevas Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la dirección general a cargo de Sánchez Ibarra, de la Cnanp, a su vez de la Semarnat a cargo de María Luisa Albores.

En pocas palabras, Torija Lazcano dice a Covarrubias y a otros involucrados en el tema, que son “procedentes” sus planteamientos, entre ellos el que demanda “ratificar o incluir en el Área Nacional Protegida las hectáreas “pretendidas por el proyecto inmobiliario Cañadas”. Los planteamientos “procedentes” no tuvieron correspondencia con la realidad. En asambleas a modo se ha ido tejiendo la “aprobación” para que los comuneros dispongan de sus tierras; es decir, las puedan vender al proyecto Cañadas.

De todo ello supo oportunamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 24 de mayo de 2019, en una gira por la ciudad de San Luis Potosí, escuchó los reclamos y denuncias sobre el tema e incluso fue el primer firmante de un documento, que llegó a conseguir más de 15 mil firmas de apoyo, en el que se puntualiza: “Desde este momento digo NO al Proyecto Inmobiliario en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, y digo NO a la destrucción de la Sierra de San Miguelito”. El texto señala: “Tengo conocimiento de que un grupo de empresarios encabezados por Carlos López Medina intenta formar una inmobiliaria denominada ‘Reserva SA de CV” en 2 mil 65 hectáreas de la comunidad y sus anexos antes referidos.

La realidad actual es que en “asambleas” amañadas, como históricamente ha sucedido en el país entero, se van obteniendo los “votos” para que la Semarnat y la 4T se laven las manos. “Es decisión de ellos”, “con respeto a las leyes” se arguye, tal como sucedió en el caso de Cerro de San Pedro, durante el gobierno de Vicente Fox, referencia de depredación histórica que justamente utilizó el presidente López Obrador en su discurso de mayo de 2019 al prometer que defendería la mencionada sierra de San Miguelito (videos, documentos y testimonios de lo aquí reportado, en https://bit.ly/3Brww52 y en www.julioastillero.com ). ¡Hasta mañana!

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