La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al Poder Legislativo y al Ejecutivo para que los artículos transitorios de la reforma en subcontratación sean ajustados y se amplíe el periodo para la implementación de los cambios, pues advirtió que 3.1 millones de trabajadores pueden quedar “en el limbo y en estado de indefensión”.

El presidente del organismo, José Medina Mora Icaza, señaló que ante la entrada en vigor del Registro de las Personas Físicas y Empresas que presten servicios o ejecuten obras especializadas (Repse) se ha detectado la falta de coordinación entre las autoridades administrativas por cuanto a la emisión de las opiniones de cumplimiento positiva se refiere.

Apuntó que tampoco se han distinguido aquellos servicios u obras especializadas de los servicios complementarios o compartidos prestados entre empresas de un mismo grupo corporativo.

Destacó que a menos de dos semanas de la fecha límite de inscripción al padrón quedan 387 mil 500 empresas por registrarse.

Lo cual hace que la tasa diaria de crecimiento de las empresas inscritas tendría que aumentar en 17.9 puntos porcentuales.

Apuntó que las empresas han transitado con el ánimo de ajustarse a la reforma. Sin embargo, el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos tan reducidos que para tal efecto otorgó la autoridad al sector privado, pues “existe un trato discriminatorio” en comparación a las entidades de gobierno, cuyo plazo vence el 1 de enero de 2022.

“Hacemos un llamado a la autoridad laboral y al Poder Legislativo a fin de homologar los plazos otorgados a la iniciativa privada al 1 de enero de 2022, con la finalidad de estar en posibilidad por parte de las empresas para llevar a cabo la transición con sus empleados y contratos de servicios especializados con sus proveedores y así cumplir cabalmente con la normatividad vigente”, dijo.

Señaló que 3.1 millones de trabajadores pueden quedar en el limbo, pues es la población trabajadora que aún está vinculada a empresas a las cuales brindan servicios y que no han logrado concluir la sustitución patronal o el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Las empresas queremos cumplir con nuestras obligaciones legales pero también con nuestra responsabilidad con el bienestar de los trabajadores. Por ello requerimos de la autoridad sensibilidad y disposición para contar con las condiciones materiales, jurídicas y racionales que nos permitan lograrlo”, señaló.

Comentó que ampliar y homologar los plazos concedidos en los transitorios de la reforma permitirá contar con la flexibilidad suficiente para que el sector empresarial siga poniendo su “granito de arena para salir adelante”.