Asociaciones civiles solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclarar el contenido y alcance de la consulta popular convocada para el próximo primero de agosto; señalan que es necesario precisar términos como “actores políticos del pasado”, para saber si incluye a grupos criminales o del sector privado, así como los efectos legales que podrán derivarse de sus resultados.
Las organizaciones Justicia Transicional en México y Elementa Derechos Humanos presentaron ante el máximo tribunal una solicitud de aclaración de sentencia, recurso previsto en la Ley de Amparo, donde no buscan impedir este ejercicio ni cuestionar su efectividad sino, afirman, evitar la ambigüedad y falta de precisión.
“La aclaración de la sentencia de referencia es fundamental para el ejercicio de derechos humanos debido a que de ella depende que podamos evaluar las acciones que desarrollarán posteriormente las autoridades vinculadas al resultado de la consulta popular”, plantean en el recurso.
Consideran necesaria la aclaración de cinco puntos específicos, entre ellos el periodo que comprende el término “años pasados”, qué se entiende por “actores políticos” y si esta frase se restringe sólo a funcionarios de gobierno o representantes electos por voto popular.
También piden que la SCJN especifique el tipo de acciones legales que podrán emprenderse con base en el resultado que arroje la consulta, ya que el análisis de los ministros mencionó posibilidades que van desde la aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores públicos hasta la integración de comisiones de la verdad.
Los solicitantes afirman que no es necesario que la SCJN resuelva su solicitud antes del primero de agosto “porque se trata de un precedente vital al fijar estándares sobre esta figura y el alcance de la materia a consulta. En tal sentido, el alto tribunal no podría abdicar en este rol, simplemente porque ya haya pasado la jornada de consulta”.
El Corte aún no decide si admite a trámite esa petición.
