A reserva de que se compruebe en la realidad lo anunciado ayer en Palacio Nacional, estaría en curso de resolución uno de los problemas de mayor impacto social: el desabasto de medicinas en el sistema de salud pública, sobre todo en cuanto al tratamiento de casos graves que no deberían sufrir tardanza o supresión temporal de las dosis recetadas (el cáncer como principal rubro de estas enfermedades y, sobre todo, la afectación a infantes).

Ha sido entendiblemente complicado el desahogo de dos legítimos intereses: de un lado, la pretensión del gobierno obradorista de no ceder al entramado legal que para contar con oportuno suministro de medicamentos debía ceder a términos leoninos establecidos para beneficio de empresas abusivas y de políticos corruptos del pasado; del otro lado, los pacientes y sus familiares urgidos de contar con los productos médicos para dar continuidad a sus tratamientos y conjurar en lo posible los riesgos de empeorar los cuadros clínicos e incluso llegar a la muerte.

En el curso de este choque aparecieron los posicionamientos políticos e ideológicos que van marcando casi todos los momentos críticos de estos tiempos: seguidores y defensores de la llamada Cuarta Transformación que procuraban atenuar las consecuencias de ese desabasto e incluso negarlo, y partidismos opositores obstinados en denunciar los hechos y utilizar las protestas genuinas para exacerbar ánimos contra el gobierno federal en turno.

Ayer, el presidente de México pareció pronunciar palabras definitivas sobre el tema, luego de alocuciones parciales y no contundentes en el pasado reciente. Dijo que era “una muy buena noticia” el informar que “se rompió, se quebró, el sistema de corrupción que se había establecido en la compra de medicamentos. Esto ha significado ahorros importantísimos. No se pudo impedir la compra, a pesar de que los productores mexicanos tenían prohibido que se compraran medicamentos en el extranjero”, porque habían influido en establecer un entramado legal que bloqueaba la participación de la autoridad del país en la compra externa (nota de Roberto Garduño y Andrea Becerril en La Jornada, https://bit.ly/36PDGlA).

El secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, incluso señaló que en 37 días el gobierno obradorista logró lo que a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) “le tomó 10 meses”. Todavía el pasado 10 de junio, la Unops informó a México que no había podido cerrar contratos para compra de medicamentos y material de curación, entre otras razones, aseguró Alcocer, porque “se ofrecieron proveedores que no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad en la evaluación técnica, también precios no razonables y las que ofrecieron empresas ya inhabilitadas en México”.

Habrá de verse si esta “muy buena noticia” dada a conocer en la matutina conferencia presidencial de prensa va resolviendo de manera cierta la difícil situación de pacientes y sus familiares. Resultaría contraproducente que no se produjera en el sistema de salud pública un avance del tamaño anunciado.

No está de más recordar que históricamente, el abasto de medicamentos y material de trabajo en los institutos de salud pública se convirtió en una fuente corrupta de ingresos para abastecedores y políticos en turno. Una de esas vertientes ha sido la del negocio de las cuatro mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, cuyos fundadores y directivos principales (los González y similares) provienen de una larga historia de aprovechamiento del ramo de la medicina pública para el enriquecimiento familiar y grupal.

Y, mientras Enrique Peña Nieto cumple 55 años y su actual novia le dedica en redes sociales amorosos mensajes, ¡hasta mañana, con el peñismo en el centro de la atención pública por el caso Pegasus y la Fiscalía General de la República tratando de aparentar que las tortugas pueden aumentar velocidad hacia objetivos realmente altos!

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