Tijuana, BC., Giovanni tiene 27 años y se quedó sin el antebrazo y la mano derechos; Laura, de 26, perdió la mano izquierda; César, de 27, y Joselyn, de 20, los brazos izquierdos. Ellos sufrieron amputaciones graves tras la volcadura del autobús en que viajaban. En ese accidente hubo siete muertos. Eran todos trabajadores del Coco Beach Bar, un antro ubicado en el corazón de Playas de Rosarito, propiedad de Jesús González Lomelí, el zar de la vida nocturna en el municipio costero.

Al grupo de trabajadores que regresaba de un paseo organizado por la empresa –al cual, dicen, se les obligó a ir o de todas formas les cobrarían los 600 pesos del transporte y comida– los une hoy no sólo la tragedia. El percance, ocurrido la noche del 8 de junio en la intercepción de Bulevar 2000 y Popotla, reveló que laboraban sin seguridad social.

La noche de la volcadura Giovanni López Cardona no sólo perdió su mano derecha. En el camión de la empresa California Fun Rides, SA de CV, murió su hermano menor, Moisés, de 24 años, estudiante de derecho en la Universidad Humanitas, quien también trabajaba en el bar para pagar sus estudios.

Giovanni requiere atención médica por complicaciones, sin embargo, no cuenta con seguridad social; tampoco puede dar terapia sicológica a su hija de nueve años, quien lo vio salir “completo” de su casa. Es un “alivio que la bebé de nueve meses no entienda lo que estamos viviendo” como familia, apunta Karimme, madre de Giovanni y Moisés, quien señala que ANA Seguros quiere dar a los deudos 283 mil pesos de indemnización.

Durante una reunión con autoridades de la Secretaría del Trabajo –cuya intervención pidieron los afectados– Joselyn Reséndiz, de 20 años, quien perdió el brazo izquierdo, narró que ella era ayudante de barra y trabajaba desde hacía meses para viajar a la Ciudad de México, donde iba a iniciar sus estudios de fisioterapia.

El grupo de afectados se ha enfrentado al poder del propietario del bar, quien cuenta con varios establecimientos en Playas de Rosarito y Tijuana y ha dejado al descubierto cómo operan numerosos bares y table dances en esta frontera, dice el abogado Esteban Capella, quien los representa.

Todavía no está claro “cómo fue que la empresa Coco Beach Bar dio de alta, con fecha retroactiva por un mes, a quienes resultaron amputados, ni cuál fue la intención porque a todos los heridos los atendieron en clínicas privadas y fue varios días después cuando se enteraron de que tenían seguro”, apuntó.

“Supimos que era sólo por un mes –tercia la mamá de Giovanni– porque después de que se dieron cuenta de que la vigencia no alcanzaba para esperar una nueva cirugía, nos pidieron abandonar la clínica número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social”.

A los afectados también los desconcertó que la empresa esté organizando conciertos con bandas, como el del 8 de julio en el bar Bombay, que promovió como de “apoyo a las familias de nuestros compañeros fallecidos de Coco Beach”, y no les ha dado nada. “En realidad está organizando fiestas para recuperar los 2 millones de pesos que dice gastó en la hospitalización de los 27 heridos del camionazo”.