La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia por presunto lavado de dinero contra José Luis Vargas, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la nueva querella se involucra a seis personas más, dos físicas y cuatro morales. No obstante, el magistrado aseguró que quedó demostrado que su patrimonio es lícito.
Además, la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda impugnó la resolución de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General de la República (FGR), que en junio exoneró al magistrado Vargas del delito de enriquecimiento ilícito.
En un comunicado, la UIF detalló que José Luis Vargas, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, en los que se identificaron diversos depósitos en cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.
De los análisis de riesgo también se encontró que hay transferencias con destino al extranjero y constitución de empresas cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de otras firmas con características de fachada, para luego dejarse sin funcionalidad.
El año pasado, la UIF presentó una primera denuncia contra el magistrado porque, según sus investigaciones, sus ingresos no coinciden con su patrimonio. Ante lo cual el presidente del TEPJF aseguró que se trataban sólo de acciones para desprestigiarlo.
Responde el magistrado
Después de conocer la decisión de la UIF de impugnar el fallo de la FGR para no ejercer acción penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, Vargas fijó su postura en una carta difundida en redes sociales: “queda demostrado que el origen de mi patrimonio es lícito”.
En la misiva señaló que “el no ejercicio de la acción penal está sustentado en pruebas fehacientes que acreditan que no he cometido delito alguno. Estaré atento al llamado de cualquier autoridad con el fin de emitir los posicionamientos que a mi derecho convengan”.
Vargas explicó que las conclusiones de la fiscalía devienen de una investigación sobre su patrimonio que se efectuó durante varios meses.
Aseveró que “soy inocente de lo que se me ha imputado y que fue investigado y corroborado de manera exhaustiva por la autoridad respectiva. Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarados ante las autoridades competentes”.
