La investigación periodística sobre los alcances internacionales del sistema de espionaje Pegasus, fabricado y vendido por la firma israelí NSO Group, y que ha sido utilizado por diversos gobiernos del mundo, en particular el de México en el pasado reciente, ha generado reacciones de indignación en sociedades y organismos internacionales. Aunque el fabricante asegura que el programa en cuestión está concebido únicamente para vigilar a “criminales y terroristas”, Amnistía Internacional y la organización Forbidden Stories obtuvieron un listado de más de 50 mil números telefónicos que fueron intervenidos mediante Pegasus para espiar a activistas sociales, periodistas, abogados, opositores políticos y sus familiares y allegados.
Ha de recordarse que la existencia de Pegasus, su utilización por “al menos tres dependencias gubernamentales mexicanas” y las identidades de algunas de las víctimas del espionaje realizado con ese sistema se conocía desde junio de 2017, a raíz de una nota de The New York Times según la cual ese sistema se encontraba operativo cuando menos desde 2011. En 2013 The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, dio a conocer que un sistema similar, FinFisher, producido por la firma británica Gamma International, era operado por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Estado Mayor Presidencial y en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, dependencias hoy extintas.
Es pertinente también mencionar que, de acuerdo con información difundida por Edward Snowden y publicada por este diario el 2 de septiembre de 2013, la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos interceptó el año anterior 85 mil 489 mensajes de textos intercambiados entre el entonces candidato presidencial priísta, Enrique Peña Nieto, y nueve de sus colaboradores cercanos. La revelación orilló a la Secretaría de Relaciones Exteriores a enviar una nota diplomática a Washington para pedir una “investigación exhaustiva” del hecho y expresó al embajador estadunidense, Anthony Wayne, un “enérgico extrañamiento” por un fisgoneo del que no se salvaron otras figuras de Estado, como Angela Merkel y Dilma Rousseff. Las explicaciones, hasta donde se sabe, nunca llegaron.
El dato es importante porque ilustra la escala planetaria del espionaje cibernético y la falta de escrúpulos de diversos gobiernos que no sólo interfieren ilegalmente las comunicaciones de sus propios ciudadanos, sino que extienden esa práctica a jefes de Estado o de gobierno a los que en público consideran sus aliados.
Por lo que hace a México, en mayo del año pasado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entonces a cargo de Alfonso Durazo, informó en un comunicado que la licencia de Pegasus había expirado en 2017 y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había decidido no renovarla para sí mismo, para el Centro Nacional de Inteligencia o para la Guardia Nacional. En el mismo documento, la dependencia agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) había iniciado una investigación sobre la compra y uso del software israelí, investigación de la que tampoco se sabe nada hasta la fecha.
Adicionalmente, hay elementos para suponer que programas de espionaje como Pegasus o FinFisher fueron empleados por algunas gubernaturas estatales, sin que hasta ahora haya podido despejarse la sospecha.
En tales circunstancias, es claro que el gobierno federal y la FGR deben presentar a la sociedad un informe pormenorizado sobre las adquisiciones, la operación y la desactivación de esos sistemas, y que se emprenda un minucioso rastreo de tales aplicaciones por parte de las entidades de la República. En su conferencia matutina de ayer, en Acapulco, el presidente López Obrador señaló que su gobierno no realiza espionaje alguno sobre los ciudadanos. La afirmación es reconfortante, pero adquiriría mayor contundencia si se hiciera pública toda la información oficial disponible al respecto.
