Madrid. El gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó en el Consejo de Ministros el borrador de la futura “Ley de Memoria Democrática”, con la que se considera delito la exaltación o la apología del franquismo, se prevé la transformación del mausoleo del Valle de los Caídos en un cementerio civil y la exhumación de los restos mortales del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

El Ejecutivo español, integrado por una coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP), volvió a poner su mirada en la Guerra Civil (1936-1939), la dictadura franquista (1939-1975) y la historia contemporánea española, plagada de encontronazos entre compatriotas. En esta ocasión se aprobó una nueva legislación, que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2005, durante el gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en la que también, como en esta, se fijó como prioridad la participación del Estado en la exhumación de los restos mortales de los ejecutados durante la Guerra Civil.

Cuando asumió el poder Pedro Sánchez, después de una moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy en el año 2018, decidió que una de sus primeras medidas fuera la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, como así ocurrió. Su traslado se llevó a cabo después de una larga disputa legal con la familia del dictador, pero también con la orden religiosa que regentaba la basílica del mausoleo. Aún así, la exhumación se logró llevar a cabo y sus restos mortales fueron trasladados en helicoptero al cementerio civil de Mingorrubio, en el bosque del Pardo.

Para ampliar y profundizar en la exhumación de los restos mortales de las personas que todavía yacen en las fosas comunes, el gobierno decidió aprobar esta nueva leyque cuenta con un amplio abanico de preceptos, que van desde la anulación de los juicios represivos del franquismo hasta la creación de un banco de ADN para facilitar la identificación de los desaparecidos de la dictadura. También se prevé la transformación del Valle de los Caídos en un cementerio civil dedicado a rendir homenaje a las víctimas de los dos bandos de la contienda. Pero también se aprobó la existencia de un fiscal de sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas e impulsar la investigación de los crímenes del franquismo.

“Es la primera ley en la que condena y repudia expresamente el golpe de Estado del 36 y la dictadura posterior”, explicó el ministro de la Presidencia, el recién nombrado Félix Bolaños, quien también anunció que habrá dos días que homenajearán a las víctimas, el 31 de octubre, que será el Día de todas las víctimas de la Guerra civil, el golpe estado y la dictadura; y el 8 de mayo, que será el día de las personas exiliadas.

También está prevista la retirada de honores, medallas y distinciones que hubieran supuesto exaltación de la Guerra Civil o la Dictadura, incluidos los títulos nobiliarios. Además se creará un Consejo Territorial de Memoria Democrática y se quiere culminar la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos incorporando un régimen sancionador del que carecía la anterior ley, al tiempo que algunos enclaves podrán ser declarados “lugares de memoria democrática”. También se busca con esta ley la disolución de entidades que enaltezcan el franquismo o al dictador, como la Fundación Francisco Franco, o prohibir actos públicos de exaltación del franquismo.

Vox, el partido de extrema derecha que actualmente es la tercera fuerza parlamentaria del país, anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley.