Parece que el cómodo arresto domiciliario del que goza desde que fue extraditado de España un año atrás permite a Emilio Lozoya Austin ver pasar el tiempo sin mayores contratiempos y sin que caigan los prometidos “peces gordos” de los negocios sucios durante su paso por la dirección de Petróleos Mexicanos, aunque paralelamente registra cómo se acumulan, un día sí y el siguiente también, denuncias en su contra por la misma causa: corrupción y más corrupción.

Desde su detención en España (febrero de 2020) y extradición a México (julio del mismo año), en donde fue arropado por la Fiscalía General de la República (FGR) en calidad de “testigo protegido” y/o “colaborador”, lo que le ha permitido gozar de arresto domiciliario, el discurso de batalla de Emilio Lozoya Austin ha sido “si caigo, caen todos”, pero en los hechos hasta el momento el único “pez gordo” que mordió el polvo es Alonso Ancira (por el fraude con Agronitrogenados), un empresario gansteril, zar del carbón y cabeza visible –hasta su encarcelamiento– de Altos Hornos de México, otrora paraestatal privatizada por Carlos Salinas de Gortari.

De ahí en adelante sólo ha habido escarceos de Lozoya, en los que sobresalen las “denuncias” en contra de Luis Videgaray, ajonjolí de todos los moles en tiempo peñanietista (integrante del consejo de administración de Petróleos Mexicanos cuando se concretó el operativo de Agronitrogenados), sin que a la fecha se conozca una denuncia concreta, sólida, que lo lleve a la cárcel. Y miren que tiene una enorme cola que le pisen. Son varias las veces en las que el nombre de este personaje, una suerte de presidente adjunto en el sexenio pasado, ha sido involucrado por el ex director de Pemex, pero más allá de ese señalamiento nada ha sucedido. Entonces, aquellos de “si caigo, caen todos” parece ser parte del cuento que narra desde hace un año.

La novedad, si en realidad es tal, es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “presentó una sexta denuncia en contra de Lozoya Austin por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con Odebrecht… La querella presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR involucra a 11 personas físicas –además de Lozoya Austin– y a 33 personas morales. Se presume que las operaciones beneficiaron a servidores públicos mexicanos y se utilizaron también para financiar campañas políticas. Tan sólo a una de las firmas se transfirieron 3 mil millones de pesos por servicios de los que no hay registro” ( La Jornada, Dora Villanueva).

La misma información detalla que “entre las empresas a través de las que se presume se realizó el desvío de recursos entre 2012 y 2016 se encuentran Odebrecht Ambiental México, Eseasa Construcciones, TTG Asociados, Blunderbuss Company de México, Adding Machine Company de México, IECL de México y SWT México. La UIF explicó que en el primer nivel las empresas vinculadas de forma directa con Odebrecht recibieron los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada; las firmas en el segundo nivel de operación recibieron el dinero del primer grupo y se encargaron de intercambiarlo y estratificarlo mediante un esquema de triangulación de recursos. Posteriormente los enviaron a las empresas del tercer nivel, las cuales tienen características de ser fachada, las que se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos” que distribuyeron, en efectivo, en donde se llevaron a cabo elecciones, como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México.

Desde hace un año, cuando menos, la FGR ha “ordeñado” a Lozoya para obtener información y así encarcelar a los “peces gordos” de la corrupción en Pemex, pero los resultados han sido famélicos. Por ello, es tiempo de que lo enchiqueren; será muy “testigo protegido” o “colaborador” (por los resultados esto último no aplica), pero nadie le quita la condición de delincuente.

Las rebanadas del pastel

La pandilla peñanietista desquitó al cien por ciento el precio que, con recursos públicos, pago a la empresa israelí NSO por el software Pegasus. Resultó ser el mayor cliente del citado consorcio: 15 mil números celulares intervenidos (entre ellos los de Josetxo Zaldua y Luis Hernández de esta casa editorial) de los (hasta ahora) 50 mil documentados en todo el mundo.