La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició el proceso de identificación de los constructores, supervisores y servidores públicos involucrados directamente en el diseño y construcción del tramo colapsado Olivos-Tezonco de la línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y más de 100 lesionados, a fin de deslindar responsabilidades.

El equipo de judicializadores, que cuenta entre sus integrantes con personal que llevó a cabo las imputaciones, etapa complementaria y enjuiciamiento en el caso del Colegio Rébsamen, ha avanzado en el estudio de la información documental y legislación vigente.

Una vez que concluya el dictamen de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, se estará en posibilidades de formular la teoría del caso y realizar las imputaciones correspondientes, por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad .

Argumentó que se realiza una investigación penal sólida que permitirá la revelación pública de la verdad, y conseguir así el castigo para quien o quienes resulten responsables de estos hechos, además de obtener la reparación integral del daño para las víctimas.

La FGJ informó que los trabajos periciales concluyeron en su fase de campo y próximamente estarán los resultados de laboratorio en cuanto a lo relacionado a soldaduras y pernos, así como del acero de las superestructuras metálicas del puente.

Además se inició la fase de integración del reporte de análisis comparativo de los resultados de laboratorio con la información del proyecto ejecutivo, planos de diseño, planos “as built”, de taller y proceso constructivo.

El equipo de judicializadores, en tanto, lleva a cabo la identificación de personas relacionadas directamente con el tramo colapsado del Sistema de Transporte Colectivo, entre constructores, supervisores y servidores públicos.

Se revisaron 13 mil 327 carpetas

Se trata, dijo, de que el Ministerio Público se allegue de los mayores datos de prueba posibles, fortalecer las imputaciones que en su momento habrán de formularse y proceder contra los presuntos responsables.

Destacó que la tarea de investigación ha requerido de un trabajo minucioso y profundo, y ha implicado la revisión de 13 mil 327 carpetas, entre las que se encuentran licitaciones, contratos, términos de referencia, planos, fotografías y memorias fotográficas, entre otros.

Refirió que las denuncias recibidas –seis contra servidores públicos y dos iniciadas por la dependencia– son debidamente atendidas, pues son parte integral de las pesquisas.