Sin un mejor pretexto –supuestamente–, la opinión pública ha ido extraviando uno de los episodios de mayor trascendencia para el país: la consulta para juzgar o no a los ex presidentes.
Hoy las discusiones de café ven en la lucha por la sucesión presidencial un tema más apetecible que el del juicio, tal vez porque no hay ninguna diferencia entre la condena popular ya expresada de mil maneras y el resultado que puede dar la consulta.
Cuando menos ese es uno de los argumentos que se están usando para inhibir la votación en próximo primero de agosto, a falta de un razonamiento sólido en defensa de los personajes. Y es que la consulta no para sólo en eso, en la posibilidad de juzgarlos o no.
Lo que está en juego esta vez es la efectividad de la participación ciudadana. La voces contrarias al ejercicio no defienden a los ex presidentes, ojo, que nadie se vaya con la finta, lo que buscan es impedir que la población se inmiscuya en algunas decisiones que ellos defendieron como propias.
El propósito esta claro. La consulta es una tontería, cosa del pasado que ya no importa, y sí, para ellos los que estuvieron a sus ordenes, ya no sirven, y no se desgastan en su defensa –que por otro lado sería inútil–, pero sí les preocupa que la participación ciudadana se convierta en una constante democrática que les arrebate otro pedazo del poder que concentraban.
Eso es lo que se debe entender por encima de todo. Sí, la convocatoria advierte la idea, por cierto muy rebuscada, en su redacción, de que podrían revisarse, bajo la lupa de la ley, las acciones de gobierno de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pero en el fondo lo que se busca es inaugurar una acción ciudadana que conduzca a crear una conciencia democrática amplia. Nada fácil en un país en el que las elecciones siempre fueron un buen pretexto para dar un tinte de legalidad a la voluntad de quienes tuvieron en su manos al país.
La imposición de reglas que suponen equidad en la consulta, no son otra cosa que impedimentos que causen confusión y desánimo. No se trata, entonces, de hacer de esa consulta un instrumento de venganza, pero sí de reflexión y decisión.
Como ya se ha dicho, lograr que 40 por ciento del padrón salga a votar parece una empresa imposible de alcanzar, pero asistir a las pocas casillas y ofrecer nuestro juicio sobre lo que advierte la convocatoria en el mayor número posible, hará que este ejercicio y los que se deban hacer en adelante marquen una diferencia profunda en el país.
De pasadita
El diagnóstico que sobre la ciudad ofrece el Plan de Ordenamiento Territorial que envió la jefatura de Gobierno al Congreso local, apremia políticas públicas que deberían estar en manos de la población, cuando menos para su conocimiento.
Es cierto que este tipo de proyectos se enfrentan en la actualidad al accionar de muchas organizaciones que se hacen llamar de la sociedad civil, o vecinales, que se oponen en automático a cualquier acción de gobierno, lo cual impide que las tareas se cumplan con la premura que señala la urgencia, eso es cierto.
Por otro lado, hay razones de otras organizaciones, también emanadas de grupos vecinales, o de estudio, preocupadas por el desarrollo de la ciudad que merecerían, por su trabajo, cuando menos ser consultadas. Los apoyos populares en casos como el Plan de Ordenamiento Territorial nunca estarán de más, porque a eso aspira esta sociedad, a participar.
