La semana pasada, la Unión Europea anunció un plan para convertirse en el primer bloque económico en alcanzar cero emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. Las medidas para cumplir este ambicioso proyecto incluyen, a grandes rasgos, incentivos a la inversión en desarrollo de tecnologías de bajas emisiones, regulación más estricta para la industria, la implementación de impuestos para las industrias contaminantes, así como la fijación de precios de carbono. Sin duda, este anuncio marcará el desarrollo de las economías de todo el mundo.
El mismo día, Charles Schumer, el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Senadores estadunidense, declaró que, con el objetivo de financiar los 3.5 billones de dólares en gasto de gobierno que pretende ejercer la administración de Joe Biden, el partido demócrata planea impulsar un impuesto a las importaciones desde países contaminantes.
Aunque Schumer no abundó en los detalles, las medidas divulgadas por la Unión Europea dan una pauta de su posible alcance. Europa ha decido ampliar el mercado de créditos de carbono para incluir, en distintas fases, a industrias como la aeronáutica, el transporte y la construcción, que hasta ahora se encontraban exentas.
Adicionalmente, se prevé que con el fin evitar distorsiones al mercado de créditos de carbono, es decir, que las empresas reubiquen sus operaciones en países con leyes ambientales más laxas, se implemente un impuesto/arancel a las importaciones basado en la huella de carbono. Así, las industrias podrán relocalizar sus operaciones para eludir leyes ambientales duras, pero no evitar el costo suntuario que implicaría acceder a los dos más grandes mercados del mundo.
Aunque el plan –como lo admiten los legisladores demócratas– tiene como objetivo prioritario China y los países del sudeste asiático, además de que busca sortear desventajas competitivas para la industria estadunidense en esta etapa de transformación, economías de países como Rusia, India o México se verán seriamente afectadas.
Más allá de la oposición que estas propuestas puedan encontrar entre los propios países de la Unión Europea o, en el caso de Estados Unidos, con el partido republicano, la hoja de ruta para las grandes economías está trazada. Lo que amerita repensar la importancia sobre los temas ambientales para el futuro de la economía mexicana.
La renegociación del TLCAN (hoy T-MEC) marcó el inicio de una etapa de reconfiguración –por momentos silenciosa– de la industria manufacturera de exportación de nuestro país. Hoy queda claro que no fue casualidad que los capítulos ambiental, laboral y energético hayan sido el centro de atención en las discusiones y una prioridad para Estados Unidos.
A pesar de que la gestión de los puntos álgidos se llevó a cabo “exitosamente” y de que la rispidez que caracterizaba a la administración Trump ya no esté presente, se debe considerar que la restructura exigida por el tratado y los costos asociados con la misma se han estado realizando al mismo tiempo que el gobierno y las empresas gestionan la crisis económica derivada de la pandemia.
Todo indica que las industrias mexicanas, entre las cuales se encuentran empresas importantes del sector energético, automotriz, marítimo, aeronáutico y manufacturero en general, tendrán que saber convivir con estándares ambientales globales exigentes los cuales, de no cumplirse, pueden poner en entredicho su capacidad exportadora y frenar su crecimiento y expansión.
Dicho de otro modo, las empresas no sólo tendrán que pensar en adaptarse a un nuevo entorno económico global de recuperación, sino que deberán hacerlo buscando ser “más verdes”.
En lo inmediato, México no cuenta con la fortuna de tener los recursos suficientes para crear programas de estímulo al desarrollo tecnológico y de infraestructura con el fin de reconfigurar industrias completas, por lo tanto es deseable que el sector público y privado trabajen juntos en el desarrollo de estrategias para conservar nuestro bien ganado lugar en la economía global.
Hoy nuestro país está inmerso en un complejo debate tributario y energético ante una nueva legislatura que marcará, sin duda, el desarrollo nacional de los próximos años y décadas. Es de la más alta responsabilidad hacer los cambios legislativos necesarios, si se considera que México no es una isla que pueda hacer cambios sin tomar en cuenta el entorno global de las economías a las que exportamos y de las que importamos bienes y servicios.
