En México, el espionaje político es como la tortura policiaca y la corrupción gubernamental: siempre han existido, pero casi siempre son objeto de enfática negación.

El Proyecto Pegasus, esfuerzo de investigación periodística integrado por medios de diversos países, ha aportado nueva información sobre el funcionamiento de ese sistema de espionaje a través de teléfonos celulares. Los datos disponibles colocan a México en una lista de 10 países en los que se ha confirmado la aplicación de esa plataforma invasiva e incluso se señala que, con quince mil vigilados, nuestro país sería el principal cliente, sobre todo para afectar a periodistas, políticos opositores, defensores de derechos humanos y personajes relevantes de actividades diversas.

Tal sistema fue comprado durante la administración del priísta Enrique Peña Nieto. Se ha señalado con insistencia que el negociador de esta adquisición fue Tomás Zerón de Lucio, como director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, con Jesús Murillo Karam como titular. Pero Zerón se negó a rendir declaración judicial sobre el tema.

Zerón de Lucio fue uno de los principales constructores de la falsa “verdad histórica” sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, y, conforme fueron avanzando las indagaciones de la administración obradorista sobre el tema, decidió refugiarse en Israel, sede de NSO, la empresa vendedora de Pegasus. El comprador Zerón es protegido por autoridades de Israel para no entregarlo a México, a pesar de las acusaciones de tortura, secuestro y alteración de pruebas judiciales en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

Israel incluso ha usado como argumento extraoficial (según lo reportado por The New York Times) que no tiene por qué ayudar a México, dado que el gobierno andresino ha apoyado que Naciones Unidas indague probables crímenes de guerra israelitas contra el pueblo palestino.

“Inteligencia cibernética para la seguridad y la estabilidad globales” es la divisa de NSO Group. En su página (www.nsogroup.com) explica: “NSO crea tecnología que ayuda a las agencias gubernamentales a prevenir e investigar el terrorismo y el crimen para salvar miles de vidas en todo el mundo”.

En la realidad, tal sistema ha sido utilizado por diversos gobiernos para el espionaje de sus adversarios internos, con derivaciones hacia la acción física contra algunos de ellos. En México, Cecilio Pineda Brito, periodista de la región de Tierra Caliente, Guerrero, que había sido largamente amenazado de muerte, fue ubicado en un autolavado de automóviles de Ciudad Altamirano y asesinado. Las investigaciones ahora reveladas muestran que su teléfono fue intervenido en dos ocasiones por alguna agencia mexicana usuaria de Pegasus, probablemente la Secretaría de la Defensa Nacional.

Comprado y ampliamente utilizado durante el peñismo, ese caro software fue heredado a la siguiente administración. El presidente López Obrador, ante preguntas de reporteros, aseguró en noviembre de 2019 que ya no se estaba utilizando, sin dar ninguna prueba formal del cumplimiento de tal dicho.

El desmantelamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, creado en 1989, durante el salinismo) desperdigó agentes, archivos y sistemas de espionaje. El obradorismo creó el Centro Nacional de Inteligencia y puso al frente al general en retiro Audomaro Martínez Zapata, depositario de todas las confianzas del actual Presidente de la República.

Además del Cisen, contaban con Pegasus la PGR y la Sedena, así como gobiernos estatales y tal vez algunos grupos empresariales (que ahora están en abierta guerra política contra la llamada 4T). De necesaria salud pública es saber qué pasó con Pegasus, demostrar con contundencia que ya no se está usando y castigar, si los hubo, los excesos cometidos al amparo de tal sistema de espionaje político. ¡Hasta mañana!

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