En el marco de una visita a Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó ayer que en breve se llevará a cabo la mudanza de la sede de la Secretaría de Salud a Acapulco. En un recorrido por las instalaciones del centro de mando policial (C5) del gobierno estatal en ese puerto del Pacífico, el mandatario, acompañado por el gobernador saliente de la entidad, Héctor Astudillo, y por el secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, manifestó que el 3 de octubre volverá a Guerrero para, entre otras cosas, “evaluar cuánto se ha avanzado para que se establezca en esa localidad la secretaría”, la cual deberá compartir el espacio con el C5. Se prevé que el cambio de sede involucrará desde las oficinas del titular de la dependencia hasta direcciones generales, e implica un cambio de lugar de trabajo para entre mil 500 y mil 900 personas.
López Obrador se propuso, desde que era candidato a la Presidencia, descentralizar el gobierno federal y enviar casi todas las secretarías de su gabinete a distintas ciudades de la República, con la excepción de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina. La propuesta obedece a dos razones fundamentales: propiciar el desarrollo económico fuera de la capital y empezar a contrarrestar en ésta los efectos desastrosos que ha tenido el centralismo imperante durante toda la historia del país.
Tal propósito ha resultado, sin embargo, uno de los que mayores dificultades ha enfrentado en el presente sexenio. Si bien el jefe del Ejecutivo esperaba en su primer año en el cargo que para 2020 la descentralización llevara 50 por ciento de avance, el año pasado el gobierno tuvo que concentrarse en atender la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 y las dificultades económicas generadas por el confinamiento y la suspensión de buena parte de las actividades productivas. Por lo demás, las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social habrían hecho imposible la mudanza de instituciones enteras.Pero, más allá de la circunstancia epidémica, hay dificultades estructurales considerables en el proyecto del mandatario. Una de las más evidentes es la carencia de infraestructura adecuada en buena parte de los destinos proyectados para las secretarías de Estado, pues no sólo será necesario encontrar o construir las edificaciones adecuadas para su buen funcionamiento, sino que requerirán viviendas, escuelas y servicios en general para miles de familias; si este punto no se resuelve antes de llevar a cabo el cambio físico de las dependencias y de quienes laboran en ellas, podrían generarse fenómenos locales indeseables de carestía y especulación inmobiliaria. Debe tomarse en cuenta, por otra parte, la renuencia de muchos empleados y considerar que los arraigos familiares y sociales de algunos de ellos los llevarán a preferir la pérdida del trabajo con tal de no cambiar su sitio de residencia.
Ciertamente, por encima de las dificultades mencionadas, la descentralización del gobierno federal es un propósito positivo, en tanto que puede ser detonador de una desconcentración más amplia, pero cabe preguntarse si podrá llevarse a cabo en la segunda mitad del sexenio.
