La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una sexta denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por probables delitos de corrupción política y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con Odebrecht, la constructora brasileña acusada de repartir sobornos a varios gobiernos de América Latina.

La querella presentada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) involucra a 11 personas físicas –además de Lozoya Austin– y a 33 personas morales. Se presume que las operaciones beneficiaron a servidores públicos mexicanos y sirvieron también para financiar campañas políticas. Tan sólo a una de las firmas se transfirieron 3 mil millones de pesos por servicios de los que no hay registro, detalló la UIF.

Entre las empresas a través de las que se presume se realizó el desvío de recursos entre 2012 y 2016 se encuentran Odebrecht Ambiental México, Eseasa Construcciones SA, TTG Asociados SC, Blunderbuss Company de México SA, Adding Machine Company de México SA, IECL de México SA de CV y SWT México.

La UIF, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó que, derivado de un análisis, identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, y el cual operó en tres niveles para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas.

Detalló que en el primer nivel las empresas vinculadas de forma directa con Odebrecht recibieron los recursos públicos erogados por Pemex y organismos gubernamentales de forma injustificada. Destaca una firma de la constructora brasileña que entre 2014 y 2016 recibió transferencias por más de 3 mil millones de pesos, supuestamente por la prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal. Sin embargo, dichos servicios no fueron realizados.

Las firmas en el segundo nivel de operación, de acuerdo con la UIF, recibieron el dinero del primer grupo y se encargaron de intercambiarlo y estratificarlo mediante un esquema de triangulación de recursos. Posteriormente los enviaron a las empresas del tercer nivel, las cuales tienen características de ser fachada.

Estas últimas se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante la distribución de recursos e hicieron retiros masivos de efectivo en zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México; “esta última ciudad pudiera estar relacionada con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya Austin”, explicó la UIF.