Ciudad de México. A pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) anunció medidas para reforzar la protección de la vaquita marina, en los hechos está “relajando la seguridad”, debido a que la zona libre de pesca de “cero tolerancia” en el Alto Golfo de California queda condicionada al número de embarcaciones ilegales en esta área, consideró Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.
Ayer, la dependencia informó que con el fin de proteger a la vaquita marina inició el establecimiento de esquemas para determinar el cierre total o parcial a la pesca por actividades ilegales que ayudarán a la vigilancia y supervisión en su hábitat.
En un comunicado, apuntó que se implementarán "medidas coercitivas severas" con el fin de proteger a la especie que está en peligro de extinción ante la captura ilegal de la totoaba en el Alto Golfo de California.
Para Olivera, el gobierno federal “está esperando que decenas de pangas” (embarcaciones) entren a la zona para cerrarla a la actividad pesquera.
“Si se llama zona de cero tolerancia no debería permitirse ninguna embarcación. Es una relajación total de las regulaciones y pierde la población de la vaquita marina” que está en peligro de extinción, subrayó.
De acuerdo con las nuevas medidas, cuando el número de embarcaciones menores supere las 65 unidades en un día o tres veces durante un mes, entonces comenzarán los cierres, primero de tres millas náuticas a partir del perímetro de la Zona de Tolerancia Cero, por un período de siete días.
A decir del investigador, con dicho tabulador “se acaba la vero tolerancia” y explicó dependiendo el número de pangas va a ser el porcentaje de recursos humanos y materiales que van a utilizar, pero solo habrá acciones.
“disuasorias, a fin de evitar cualquier conflicto social y solo se invitará a los pescadores ilegales a retirarse de la zona sin ningún arresto”.
El pasado sábado entró en vigor el Acuerdo que establece los indicadores, factores detonantes y acciones predeterminadas y atiende una situación específica (detección del aumento de actividades de pesca ilegal o de eventos masivos) del Acuerdo marco, establecido el 24 de septiembre de 2020.