La derrota electoral de Donald Trump en noviembre pasado fue motivo de alivio para los cientos de miles de jóvenes conocidos como dreamers, migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y que se encuentran plenamente integrados a la sociedad estadunidense, excepto por el hecho de no poseer la ciudadanía de ese país. Después de cuatro años de acoso implacable desde la Casa Blanca, los dreamers vieron en la administración de Joe Biden una renovada esperanza de que se les reconociera legalmente la nacionalidad que ya tienen por cultura, educación e identidad, pero esta vez sus aspiraciones se han visto truncadas por la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.
En una resolución que Biden calificó de “profundamente decepcionante”, el juez Andrew Hanen prohibió a las autoridades aceptar a más personas en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), instituido por el ex presidente Barack Obama en 2012 para proteger de la deportación y salvaguardar los derechos a la educación y al trabajo de los jóvenes que hayan ingresado a territorio estadunidense antes de los 16 años y cumplan con requisitos como estar matriculados en una institución educativa y no tener antecedentes penales.
Aunque el magistrado dejó claro que su decisión no afecta a quienes ya se encuentran inscritos en el programa (alrededor de 700 mil personas) ni requiere que el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Justicia “tomen ninguna acción de inmigración, deportación o criminal contra cualquier destinatario, solicitante o cualquier otra persona de DACA que de otra manera no tomarían”, lo cierto es que se trata de un retroceso en materia de derechos humanos y de una injusticia contra quienes cumplen con el perfil para recibir el amparo de este programa, pero no se habían inscrito por miedo a la persecución, por las restricciones impuestas durante el trumpismo, o por cualquier otro motivo.
Como señaló el mandatario demócrata, sólo el Congreso puede garantizar una solución permanente a los dreamers, la cual pasa por dejar de usarlos como rehenes de las fobias de los sectores más retardatarios de la sociedad y crear una vía a la ciudadanía para unos jóvenes que, cabe insistir, ya son estadunidenses a todo efecto práctico. Persistir en el juego perverso de mantenerlos en un limbo jurídico es una crueldad contra centenares de miles de personas que no tienen culpa alguna por su falta de documentos migratorios, pero además atenta contra el propio país al poner en riesgo una invaluable reserva de fuerza de trabajo, inteligencia y dedicación.
