¿Seguirán la Presidencia-SEP insistiendo en reabrir las escuelas en agosto como si no hubiera señales convincentes de un masivo repunte del inacabable Covid-19? En abril y junio el SARS-CoV-2 dio aviso de que en cualquier momento puede dar una sorpresa, si –como en Semana Santa y en la temprana apertura de escuelas– se permiten y alientan reuniones “normales.”
Pero ahora basta ver el comportamiento de la curva de contagios en México para constatar que estamos claramente de regreso a la anormalidad. Si apenas a mitad de mayo pasado bajó al mínimo histórico con 1-2 miles de contagios diarios, ahora ya estamos en 12 mil y subiendo. Es decir, a más de la mitad del punto históricamente más alto (enero 22, con 21 mil casos) desde que comenzó la pandemia (https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/mexico/). Y ahora que se acepta que estamos en un repunte que, además, amenaza directamente a niños y jóvenes (aunque se insiste con verdad, no con la muerte), se sigue impulsando la idea de volver a activar las clases presenciales, pese a las dudas y hasta oposición de maestros y padres de familia. Un fuerte signo de lejanía que no sería tal, ni tan fuerte, si no fuera porque ocurre en paralelo con la suspensión indefinida de la mesa de negociación con el magisterio.
Lejana también, la toma de posesión del rector de la UAM, que sólo tuvo la presencia de una decena de funcionarios enmascarados y que su aire coincidió con el secretismo del pasado que se mantiene hoy en la elección de rectores. Así, sólo por el informe de la Junta Directiva en la UAM, nos enteramos de que la selección fue “por unanimidad”, ¿ninguno de los 12 miembros tuvo opinión distinta?, y pudimos estimar que el trámite no duró más de dos horas. Esto último, porque las entrevistas a los candidatos terminaron “a las 15 horas” , se dijo, y que –después del tiempo para comer– “a las 18 horas” ya se había seleccionado al nuevo titular.
La junta destacó que, además de las opiniones de la comunidad, llegaron “cientos de cartas de diversas instituciones nacionales y del extranjero.” Cabe entonces preguntar, ¿qué peso tuvieron estos apoyos en la selección?, ¿quiénes son? ¿qué opiniones emitieron? ¿también fueron unánimes? ¿de qué instituciones provinieron? ¿hubo campaña para solicitar apoyos? Si el nombramiento de autoridades de universidades no depende sólo de las comunidades respectivas, mayor es la necesidad (y obligación) de hacerlo absolutamente transparente.
Casi al mismo tiempo, la publicación electrónica Debate (2021/07/09) da cuenta de una desafortunada especie de competencia entre instituciones que se plantea desde el gobierno de la Ciudad de México. Pese a la cercanía personal con la rectora Rodríguez, en la visita que jefa de Gobierno y rectora hicieron al edificio que el instituto construye en el plantel Magdalena Contreras de la Autónoma de la Ciudad (sic), la precandidata presidencial anunció que en 2024, con 50 mil alumnos y en agosto próximo “con 28 mil 700 estudiantes, el Instituto de Estudios Superiores ‘Rosario Castellanos’ estaría superando la matrícula de la UACM que hoy consta de 19 mil (alumnos) vigentes”. Dicho instituto (del gobierno capitalino), “se convertiría en la universidad más importante creada en los pasados 30 años”, lo que sume en la irrelevancia los 20 años de la UACM .
Por otra parte, trabajadores del IPN informan de la existencia de un acuerdo incumplido que establece la homologación de sus condiciones laborales a las de otras instituciones de la capital del país. Se trataría de adeudos históricos, que se suman, en otras instituciones y ámbitos, al (mal) trato a las mujeres en su acceso a la educación y la persistencia de una masa de académicas/os precarizados que siguen ahí, como el dinosaurio de Monterroso. Por todo lo anterior y en afortunado contrastante, aparece una propuesta de ley que haría que las humanidades, ciencias y tecnologías se apartaran un tanto de la conservadora herencia de educación de los tres primeros años del sexenio y pasarían a ser ámbitos del derecho humano y colectivo al conocimiento. A diferencia de la LGES, que incluye el derecho a la educación, pero sólo para terminar subordinándolo al control de la autoridad, acá se abre el horizonte porque, aunque en forma incipiente, se incluyen las implicaciones sociales de este importante paso.
Hay en nuestra educación una concepción y práctica sumamente conservadora del ejercicio del poder, incluso más atrasada que en otros rubros de la vida nacional. En ella, lo usual es reservarse decisiones, mantener secretos, territorios, escatimar acuerdos y mantener a muchas y muchos en la precariedad y en la sistemática exclusión. Triste celebración la de 100 años de la SEP el próximo octubre. Y, lo peor, ni siquiera hay un plan para salir del atraso.
* UAM-Xochimilco
