Buenos Aires. En una intervención brillante, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, habló ayer ante el Tribunal Oral Federal 8 en el contexto de una polémica causa que investiga el supuesto pacto con Irán a partir de la firma de un memorando de entendimiento en 2013, entre las cancillerías de Buenos Aires y Teherán y aprobado por mayoría en el Congreso, a fin de indagar en Irán a funcionarios de ese país acusados, sin pruebas, por el cruento atentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelí-Argentina (AMIA), en la que murieron 85 personas y 300 fueron heridas.
“Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación a quienes estamos sentados aquí. El atentado ocurrió hace 27 años, ¿dónde estábamos (en esos momentos) cada uno de los acusados de encubrimiento? Es importante este ejercicio de sentido común”, señaló antes de analizar los falsos argumentos en la causa, desmenuzando punto por punto un armado que fue escandaloso desde su inicio y que demolió con razonamientos precisos.
Mencionó la ayuda de los fondos buitres que trabajaron junto al pasado gobierno de Mauricio Macri y mostró un afiche. “Esto era lo que se publicaba en los principales diarios europeos”, expresó Fernández señalando una foto que la mostraba junto al ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, con cuyo gobierno tuvo negociaciones para la infructuosa indagatoria en Teherán sobre el atentado. “Argentina e Irán: aliados vergonzosos”, decía el afiche, que también citaba a The Economist con la frase: “¿Un pacto con el diablo?”
La Fuerza de Tareas de Estados Unidos en Argentina pagó la publicación en medios como The New York Times, The Miami Herald y InterAmerican Security Watch. Este grupo de choque fue enviado a Argentina para activar una campaña contra la entonces presidenta durante el periodo que llevó al gobierno al ex presidente Mauricio Macri.
Entre los encabezados estaban: “La presidenta argentina socava a sus propios jueces”, “Está cortejando al principal Estado promotor del terrorismo”, “Comenzaron a colaborar en acuerdos de armas” y “El pacto de la Argentina con Irán es vergonzoso”.
La causa estuvo bajo la presión constante de Estados Unidos e Israel, que acusaron, sin pruebas y a sólo dos días del atentado, a funcionarios diplomáticos y políticos de Irán. Por esa razón, Fernández de Kirchner y Héctor Timerman, otros funcionarios y líderes sociales, fueron señalados después de intentar esclarecer el atentado y escuchar a los iraníes. Tel Aviv se opuso desde el principio y el memorando se congeló sin ser aplicado.
“Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país hace 27 años”. Recordó que durante el gobierno de Macri “la presunción de inocencia voló en mil pedazos” y que la consigna era que a todo aquel que hubiera sido funcionario del anterior gobierno “hay que investigarlo, pero preso”.
Concluyó: “Me llega porque no puedo creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones”. Fernández desnudó la trama de distintas causas judiciales, no sólo como persecución hacia su persona, sino con el objetivo de generar un aumento de la deuda pública para pagar los fondos buitre, plan que fue concretado durante el gobierno de Macri.
Investigan al ex presidente por envío de armas a Bolivia
La fiscalía argentina abrió ayer una causa judicial contra Macri, quien fue denunciado por contrabando de municiones a Bolivia en noviembre de 2020, cuando ese país se encontraba sacudido por manifestaciones por la relección de Evo Morales, informaron fuentes judiciales, según cita la agencia Afp.
El fiscal Carlos Navas Rial decidió impulsar la investigación contra Macri a partir de una denuncia de los actuales ministros de Justicia, Martín Soria, y de Seguridad, Sabina Frederic. La fiscalía también incluyó en la causa a los ex ministros de Seguridad Patricia Bullrich y de Defensa Oscar Aguad.
(La nota ampliada en https://cutt.ly/SmZPkTr)
