Los mercados regulados de cannabis y otras drogas son la alternativa que conviene a los estados y sociedades latinoamericanas, pues han demostrado que, al contrario del prohibicionismo y la guerra contra las drogas, evitan la violencia y generan capacidades de desarrollo, de acuerdo con Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.
En el foro La catástrofe de la prohibición y la guerra contra las drogas en América Latina y el Caribe, convocado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el también ex representante permanente de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, señaló que la lucha contra las drogas ha sido la exportación de Estados Unidos de un problema que tiene dentro.
Señaló que su país cumple seis años con un mercado regulado de la cannabis, y si bien consideró que ha tenido buenos resultados, dijo que de la experiencia uruguaya no puede traducirse en automático en consejos para otros países.
Rodrigo Uprimny, director de Política de Drogas en la organización llamada Dejusticia de la Corte Constitucional Colombiana, señaló que en América Latina se debe pensar en alternativas a la prohibición, pues ésta es una política equivocada, pero consideró que si bien en distintos países ha habido avances en la regulación del mercado de la mariguana, esto no pasará a corto plazo con otras drogas, por lo que se deben buscar opciones en el marco de la proscripción.
Rose-Marie Belle Antoine, decana de la Facultad de Derecho, Universidad de las Indias Occidentales Trinidad y Tobago y ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deploró que las políticas de regulación de mercados de drogas, como el de la mariguana, estén beneficiando a empresarios de naciones como Canadá, pero han resultado en demérito de los campesinos y pequeños productores de las naciones caribeñas.
Julita Lemgruber, coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad Pública y Ciudadanía en Río de Janeiro, Brasil, señaló que la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos ha servido de excusa para la violencia policial en Brasil y en América Latina.
