La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cananea, Sonora, el pasado 4 de julio, no estuvo exenta de fricciones y provocaciones. En la puerta de entrada del Instituto Tecnológico, sitio del acto principal se confrontaron dos fuerzas sindicales: la CTM, del líder Javier Villarreal, y la sección 65, del Sindicato Nacional Minero. La provocación de la CTM, detentadora del nuevo contrato colectivo en sus relaciones con Grupo México (GM) tuvo como propósito desviar la atención de su propia base de trabajadores, de las necesidades que enfrentan, agitando exclusivamente la consigna de no a la desaparición del reparto de utilidades, como si este derecho no hubiera quedado claro en la ley de reglamentación del outsourcing.
Una vez que la sección 65 engrosó su contingente, la CTM se retiró, cediendo el acceso de la puerta. No fue la única fricción. Enojados por la prepotencia de algunos organizadores del acto, mineros del sindicato nacional corearon consignas de repudio contra funcionarios federales encargados de la logística del acto, porque les negaron el derecho a tener más representantes dentro del tecnológico.
Sin abundar en este tema, la visita presidencial revivió visiones contrapuestas de dos proyectos de relaciones laborales para la República mexicana, sin dar por supuesto que sean las únicas en el panorama sindical. En este entorno, el presidente López Obrador presentó el Plan para la Atención Integral de Cananea, lo cual trajo nuevo aliento para los trabajadores de la sección 65, (video en Youtube). Antes – en marzo de este año– habían recibido la noticia de la admisión de su petición por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de nueve años de presentar su solicitud ante dicho organismo de la Organización de Estados Americanos. Admitir la solicitud significa que la misma comisión podría conducirla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, última instancia y cuyas resoluciones son de carácter vinculatorio para los estados del continente americano.
De acuerdo con Óscar Alzaga, abogado laboralista, si no hay conciliación previa, y una vez con la resolución de la Corte Interamericana, en términos jurídicos podrían reabrirse los expedientes en relación con la huelga que mantienen los mineros contra Grupo México desde 2007.
El paro se desarrolló durante casi tres años dentro de los procedimientos legales hasta 2009, y a partir de esa fecha se transformó en una huelga de hecho que dura ya 12 años y contando, apostándose diariamente guardias de huelguistas en las cercanías de la puerta uno de la mina, bloqueada con bardas de acero por la empresa. El texto de la Comisión Interamericana es un dechado de resumen de las acciones jurídicas del sindicato minero contra Grupo México y la Junta Federal de Conciliación, de la Secretaría del Trabajo, manipulada por la empresa.
Sin rollos doctos, centra muy bien los alegatos de violaciones a los procedimientos judiciales tanto de la empresa como de las autoridades del trabajo, (CIDH. Informe 89/21, petición 5-12, informe de admisibilidad, en línea). Pero también recoge las preocupaciones de las consecuencias sociales en materia de salud, seguridad, la represión policiaca y deja en claro la responsabilidad de Grupo México por la contaminación del río Sonora.
La parte medular se centra en los alegatos respecto de la declaración de terminación de relaciones laborales por “causas de fuerza mayor”, promovida por GM. Ante la imposibilidad de utilizar la legislación laboral para rendir al sindicato, Germán Larrea utilizó la Secretaría de Economía para realizar una inspección de la infraestructura de las instalaciones de la mina, responsabilizando a los mineros de vandalizar y robar maquinaria e instrumentos de trabajo.
Dice la Comisión Interamericana: “En este sentido, la petición bajo estudio dirige sus reclamos principales hacia dos decisiones judiciales en concreto: el laudo de la Junta Federal del 14 de abril de 2009 que declaró la terminación de las relaciones laborales individuales y colectivas en la mina Cananea, y el laudo de la Junta Federal del 4 de junio de 2010 que resolvió que no había huelga en Cananea, por cuanto ya no había trabajadores allí como consecuencia de la terminación de las relaciones laborales”.
El informe propicia la apertura de un periodo de negociaciones en las que el allanamiento de Grupo México y el Estado pueden desembocar en soluciones de justicia para los mineros. Previsiblemente, Larrea hará lo imposible por no llegar a acuerdos que supongan la pérdida de su control sobre la clase obrera cananense, y el curso de la negociación derivaría hacia la Corte Interamericana. Decía Carlos Marx que la lucha de clases se manifestaba algunas veces en forma abierta y otras en forma soterrada. La contienda jurídica expresa también esa lucha. Si completáramos la frase de Marx, diríamos que no hay nada más soterrado que el litigio jurídico.
* Profesor investigador de El Colegio de Sonora
