Buenos Aires. En una intervención brillante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, habló ante el Tribunal Oral Federal 8 en el marco de una polémica causa que investiga el supuesto pacto con Irán, a partir de la firma de un Memorádum de Entendimiento en 2013 entre las cancillerías de Buenos Aires y Teherán y aprobado por mayoría en el Congreso, para indagar en Irán a funcionarios de ese país acusados, sin pruebas, por el cruento atentado del 18 de julio de 1994 contra las sede de la Asociación Mutual Israelí-Argentina (AMIA).

“Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación a quienes estamos sentados aquí. El atentado ocurrió hace 27 años, ¿dónde estábamos (en esos momentos) cada uno de los acusados de encubrir? Es importante este ejercicio de sentido común” dijo antes de analizar los falsos argumentos en la causa que pretendía desmenuzando punto por punto un armado que fue escandaloso desde su inicio y que demolió con argumentos precisos.

Mencionó la ayuda de los Fondos Buitres que trabajaron junto al macrismo y mostró un afiche. “Esto era lo que se publicaba en los principales diarios europeos", dijo Fernández al señalar una foto que la mostraba junto al ex presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, con cuyo gobierno tuvo negociaciones para la infructuosa indagatoria en Teherán sobre el atentado. “Argentina e Irán: aliados vergonzosos”, decía el afiche, que también citaba a The Economist con la frase: “¿Un pacto con el diablo?”.

La Fuerza de Tareas de Estados Unidos en Argentina pagó la publicación en medios como The New York Times, The Miami Herald y el medio InterAmerican Security Watch. Este grupo de choque fue enviado a Argentina para activar una campaña contra la entonces presidenta durante la campaña que llevó al gobierno al ex presidente Mauricio Macri. Entre los encabezados estaban: “La presidenta argentina socava a sus propios jueces”, “Está cortejando al principal Estado promotor del terrorismo”, “Comenzaron a colaborar en acuerdos de armas” y “El pacto de la Argentina con Irán es vergonzoso”.

Se llegó a decir que “Argentina comercia armas con Venezuela que luego son vendidas a Irán”. Y añadía que el país “ha destrozado su dictamen de que terroristas de Hezbollah, ayudados por Irán, pusieron la bomba que mató a 85 personas y dejó 300 heridos” en la AMIA.

Fernández desarmó la conformación de la mesa judicial, que hasta hoy permanece, y que respondía a las necesidades política de desacreditarla a ella y a sus funcionarios, todos perseguidos durante el gobierno de Macri , quien ordenó reabrir la causa en 2016 después de nombrar “a dedo” a dos nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia , y comenzar un período de espionaje y persecución política de los opositores a su derechista Alianza Cambiemos.

Recordó que su canciller Héctor Timerman “logró sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países. Fue lo que se aprovechó en la última reestructuración. Mientras hacíamos esas cosas, los fondos buitre hacían campaña con todo. ¿Con qué? Con el Memorándum con Irán”.

Se le quebró la voz al recordar a Tiimerman quien falleció impedido por un juez de la “mesa judicial” macrista de viajar a Estados Unidos, donde recibía tratamiento para un cáncer invasivo.

Fernández repasó las incongruencias de una denuncia presentada a principios de 2015 por el entonces fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, nombrado en 2005 por el gobierno de su esposo Néstor Kirchner, que nunca pudo prosperar por el encubrimiento desde 1994 que incluso comprometió al entonces dirigente de la Delegación de la Asociación Israelita-Argentina (DAIA), Rubén Berajas, al juez Juan José Galeano , al ex presidente Carlos Menem, entre otros.

La causa estuvo bajo la presión contante de Estados Unidos e Israel, que acusaron, sin pruebas y a sólo dos días del atentado, a funcionarios diplomáticos y políticos de Irán. Por esa razón Fernández de y Timerman, otros funcionarios y líderes sociales hoy presentes fueron injustamente acusados después de intentar esclarecer el atentado y escuchar a los iraníes. Tel Avivse opuso desde el principio y el Memorándum se congeló sin aplicado.

“Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país hace 27 años. Estar como encubridora en la causa es un disparate: la causa se había convertido en un tablero de ajedrez de la política nacional e internacional”. Recordó que durante el gobierno de Macri “la presunción de inocencia voló en mil pedazos a partir de la instalación de la doctrina Iruzun” que establecía que todo quien hubiera sido funcionario, del anterior gobierno “hay que investigarlo, pero preso”.

“En este contexto institucional se preparó al Estado para que en lugar de perseguir el bien común sirviera como un instrumento de persecución para un determinado sector de la política”, dijo. Insistió en la colaboración permanente de jueces y fiscales que hoy están denunciados porque se descubrió que estaban en contacto permanente con Macri.

Sobre el final, dejó un mensaje sobre su rol en la política argentina y el impacto que esta causa tuvo en ella. "Es increíble, me duele tanto, ¿saben por qué? Tengo 68 años, fui presidenta dos veces, no me mueve nada más que dejarles un país a mis hijos y a mis nietos mucho mejor que el que recibió su abuelo en 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece que no lo entienden, que se rigen por los diarios, no tienen pensamiento propio para analizar más profundamente", resaltó.

Concluyó: “Me llega porque no puedo creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones”. Fernández desnudó el montaje de distintas causas judiciales no solo como persecuión hacia su persona, sino el objetivo de generar un aumento de la deuda pública para pagarle a los fondos buitre, plan que fue concretado durante el gobierno de Mauricio Macri.

La fiscalía abrió hoy una causa contra el ex presidente, denunciado por contrabando de municones a Bolivia para apoyar la dictadura de la mandataria de facto, Jeanine Añez, tras el golpe de Estado de 2019.