Las llaman las tres antígonas chihuahuenses: Lupe Fierro era agente de tránsito, en La Junta, municipio de Guerrero, luchadora del Frente Democrático Campesino, exigía justicia por el asesinato de su hijo; la desaparecieron sin dejar rastro. Artemisa Ibarra se comprometió de lleno a buscar a su sobrino que había desaparecido, a ella misma la desaparecieron, junto con dos de sus hermanos. María Loya buscaba con valentía a sus dos hijos desaparecidos, llegaron unas camionetas con hombres armados a su casa en Cuauhtémoc y jamás se ha vuelto a saber de ella.
Estas son sólo tres de las muchas tragedias que se viven familiar y localmente, pero que se han convertido en una pesada realidad global: las desapariciones forzadas.
En el estado de Chihuahua hay casi 4 mil de las 80 mil personas desaparecidas que la Comisión Nacional de Búsqueda recuenta en el país. Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), lleva muchos más años acompañando a las familias de las personas desaparecidas en Chihuahua. Luchador de izquierda, desde la secundaria, barzonista, feminista, derechohumanista, Gabino ubica muy bien las tres etapas que ha habido en el proceso de las desapariciones forzadas:
La primera etapa fue la de las desapariciones claramente perpetradas por el Estado contra los integrantes de las organizaciones guerrilleras de los años 60 y 70, la tristemente famosa guerra sucia. En ese contexto fue admirable la labor del Comité Eureka, encabezado por doña Rosario Ibarra de Piedra. Mujeres valientes, incansables, indomables con el grito: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”
La segunda, ya en los años 90, fueron las desapariciones de mujeres, sobre todo muchachas de maquiladoras; primero en Ciudad Juárez, luego en Chihuahua, denunciadas por la luchadora de feliz memoria, Esther Chávez Cano. Ella fundó Casa Amiga en Ciudad Juárez para apoyar a las madres en la búsqueda de sus hijas. A partir de entonces se empezó el Movimiento Estatal de Mujeres en Chihuahua y gracias a todas ellas se hizo conciencia del feminicidio. Luego surgieron organizaciones de acompañamiento a las madres, hermanas, hijas, de las víctimas de las desapariciones. Como muchas de las desaparecidas no han aparecido y han desaparecido más mujeres, las organizaciones, los colectivos de madres y hermanas siguen activos.
La tercera etapa son las desapariciones en el contexto de la pretenciosa y espantosa guerra contra el narcotráfico decretada por Felipe Calderón. La primera desaparición forzada de este periodo en Chihuahua se da en 2008 en Cuauhtémoc, tal vez el municipio con más personas desaparecidas del país. Y la cuenta sigue…
Ahora las personas desaparecidas son mayoritariamente varones, jóvenes, y los autores no sólo son las organizaciones criminales, también las policías y las fuerzas armadas. En 2010 empezaron a reunirse las organizaciones de derechos humanos del norte del país, convocadas por la hermana Consuelo Morales, de Cadhac, de Monterrey, el Centro Fray Juan de Larios, de Saltillo, y el Cedehm. Luego vienen las Caravanas por la Paz con Justicia y Dignidad que visibilizan la enormidad y dimensión nacional del problema y constituyen un primer espacio de encuentro de las familias de las víctimas.
La muerte sin fin de las desapariciones y el dolor que generan ha movilizado a centenares de familiares de víctimas, se han constituido colectivos de búsqueda, asociaciones de rastreadoras, se ha acudido a organismos defensores de derechos humanos, como el Tlachinollan, de la Montaña de Guerrero, como el Cedehm, el Cadhac, el Frayba, de Chiapas, el Fray Juan de Larios y otros. De Sonora a Chiapas, de Ayotzinapa a la Montaña de Guerrero, a Coahuila, por toda la geografía nacional.
Son procesos dolorosos, desde la gente y desde la dignidad. La hermana Consuelo Morales señala que las familias de las víctimas al principio son embargadas por el miedo, la soledad, la culpabilización. Conforme se van encontrando con quienes padecen una tragedia similar superan la desconfianza e inician la escucha, la apropiación colectiva del dolor de todos. Después, juntos emprenden la búsqueda incansable de sus seres queridos; algunas veces culmina en el hallazgo de unos restos y hace que el dolor cambie. Pero la búsqueda solidaria continúa y ese movimiento social, a partir de ese absurdo, de ese colapso de lo social y de lo jurídico, se va convirtiendo en una construcción de sentidos, en medio del sinsentido.
Ante esa movilización entrañable y desde abajo, contrasta la actitud del Estado: de victimario principal en los años 60 y 70 pasa a ser cómplice o aliado de los feminicidas y de los cárteles, así sea por omisión. Sólo la movilización de las víctimas lo ha obligado a emprender medidas más comprometidas, todavía insuficientes.
La realidad de las desapariciones forzadas no debe hacerse algo ordinario, algo que por reiterado resulta ya invisible. Algo que, por tener dimensiones globales, se termina por naturalizar. Hay que insistir en ello, no dejar que se haga callo en la conciencia, que pierda su capacidad de estremecimiento. Que convoque a más y más personas a la denuncia, al activismo, a que no haya día sin que se siga gritando en el país: “¡verdad, justicia y reparación!”
A Mario Cartagena, El Guaymas, porque fue una de sus luchas.
