Han transcurrido poco más de 18 meses desde que los trabajadores en la mina de San Rafael, Cosalá, en Sinaloa, estallaron la huelga, sin que hasta ahora, y pese a los esfuerzos institucionales y del sindicato minero, se haya terminado con ese conflicto. Como en la mayoría de las luchas sindicales y sociales, la cerrazón y la intransigencia de la parte patronal han obstaculizado un arreglo apegado a la razón y al derecho. En muchos casos la arrogancia hace perder negociaciones y termina por romper los acuerdos.
En el caso de Cosalá han influido, para no llegar a una solución, las complicidades y contubernios de la empresa que ostenta la concesión minera, Americas Gold and Silver, de origen canadiense, con algunas autoridades locales, con otras grandes compañías, como el Grupo Peñoles, de Alberto Baillères, y algunos de los grupos delictivos de la localidad. Todo ello, y los intereses miopes y egoístas de cada uno de ellos, han detenido y evitado encontrar una salida pacífica y respetuosa hacia los trabajadores en este largo conflicto de huelga.
No es posible que estos inversionistas extranjeros vengan a imponer unas reglas y condiciones que en sus países de origen no pueden aplicar. Por ejemplo, querer obligar a todos los sindicalizados a que se afilien a un sindicato espurio que les dio la espalda, como lo es la CTM local de Sinaloa y Sonora, actuando en contubernio para someter bajo amenazas y por la fuerza a los trabajadores para que permanezcan bajo su control, so pena de perder sus empleos. El matrimonio cómplice de la empresa con la Confederación de Trabajadores de México había impuesto un modelo de explotación con bajos salarios, malos tratos y, sobre todo, pésimas condiciones de trabajo en materia de seguridad, salud e higiene que exponen la vida de las personas.
Ese sistema ya no aguantaba más, era injusto, ilegal, y no podía continuar, sino hasta que en diciembre de 2019 los mineros decidieron romper y salirse en masa de la CTM y afiliarse al Sindicato Nacional de Mineros. La reacción de la empresa y la presión de los charros no se hizo esperar y de inmediato despidieron a los 14 líderes locales por razones políticas e injustificadas, cuando la nueva Ley Federal del Trabajo, aprobada por el Senado el 30 de abril de 2019, otorga el voto libre, directo y secreto a los trabajadores para que puedan elegir con total autonomía a la organización que quieran pertenecer y a sus dirigentes, y no que se los pretendan imponer.
El colmo de esa postura empresarial extranjera y de los traidores cetemistas antidemocráticos de Sinaloa y Sonora es que ni en su propio país el gobierno o los sindicatos les permiten a esas empresas suplantar la voluntad de los trabajadores, pero sí, en cambio, han pretendido aplicarlo en México por los nexos de corrupción que frecuentemente han establecido. Ni siquiera en las reglas y compromisos del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC) entre México, Canadá y Estados Unidos se permite esa simulación y explotación laboral. De hecho, el T-MEC exige una mayor democracia, libertad y justicia para los trabajadores de los tres países miembros.
Desafortunadamente todavía hay muchas empresas y organizaciones tradicionales sindicales que no entienden o no aceptan las nuevas reglas de una sana, equilibrada y duradera relación obrero-patronal que permita modernizar el mundo del trabajo y crear un nuevo sindicalismo, al mismo tiempo que una mayor responsabilidad social empresarial, generosa y compartida, que proyecte una sensible mentalidad de los inversionistas con un claro objetivo de desarrollar mayor dimensión social en sus actividades productivas.
Sin embargo, el egoísmo, la avaricia y la ambición en los negocios no les permiten a algunos accionistas y directivos ver más allá del corto plazo, con lo cual provocan problemas que a veces se vuelven prolongados y desgastantes, siempre en contra de la paz laboral y la estabilidad social.
Hoy la política nacional de México, dirigida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está enfocada a consolidar un proyecto de transformación profunda de la vida nacional, que logre terminar o reducir considerablemente la corrupción, separar la influencia del poder económico sobre el poder político, manteniendo el rumbo de la democracia y la justicia para abrir mejores oportunidades a los que menos tienen y que han sido marginados desde hace varias décadas por un modelo injusto e inmoral en favor solamente de las minorías.
La huelga de la mina de Cosalá es solamente un reflejo de ese concepto neoliberal y destructivo de la sociedad. Esperamos que con los argumentos, propuestas y avances de las negociaciones entre las tres secretarías de Estado que han participado en esas deliberaciones, con la postura justa y firme de los mineros y la esperada racionalidad de la empresa, pronto podamos resolver los diferendos.
