Washington. El secretario de Justicia Merrick Garland eliminó una política del gobierno del expresidente Donald Trump que prohibía a los jueces de inmigración posponer temporalmente algunos casos de deportación.

Garland anuló el jueves una decisión del entonces secretario de Justicia Jeff Sessions de que los jueces no podían dejar tales casos en pausa, una práctica conocida como cierre administrativo. Los jueces de inmigración señalan que la práctica les permitió manejar su carga de casos de manera más eficiente al dejarles atender casos prioritarios y que la prohibición estaba causando más demoras en un sistema de cortes de inmigración de antemano sobrecargado en que las personas tienen que esperar años por una audiencia.

Para muchos inmigrantes, el cierre administrativo era un salvavidas que les protegía de la deportación mientras sus solicitudes de un estatus legal eran tramitadas. Los detractores a la práctica denunciaron que los jueces dejaban que la gente permaneciera en el país más tiempo de lo debido, en una especie de purgatorio legal.

Las cortes de inmigración son parte del Departamento de Justicia y los jueces de inmigración son empelados de esa dependencia.

Tres tribunales de apelación habían rechazado de antemano la política de Sessions, fallando que los jueces de inmigración tienen la autoridad de decidir cómo manejar sus casos, escribió Garland en su decisión. Añadió que el Departamento de Justicia está elaborando nuevas normas para ese mecanismo, pero que por el momento queda restaurado.

El número de casos pendientes ante los tribunales de inmigración se dispararon durante el gobierno de Trump, en parte debido a que cientos de miles de casos que habían sido suspendidos fueron reinscritos en el calendario para darles audiencias.

Desde el año fiscal de 2018, el número de casos pendientes en las cortes de inmigración aumentó en 74% a 1.3 millones, según la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.