Del año 2000 hasta el 4 de julio de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha registrado 171 homicidios de periodistas, así como 23 que están desaparecidos; en tanto que de 2006 a la fecha reporta 72 asesinatos de defensores de derechos humanos y 9 desapercidos. Ante este panorama hizo un “enérgico” llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se refuercen los trabajos de prevención y protección para las personas que se dedican a estas actividades.

La CNDH calificó como “alarmante” el incremento de agresiones, particularmente de homicidios, que se ha registrado en contra de periodistas y defensores en los en los últimos años con motivo de su labor.

Recordó a las autoridades “que tienen una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección ante el riesgo de que continúen produciéndose crímenes en contra de personas defensoras y periodistas, por situaciones concretas”, en que saben que hay un riesgo real e inminente de que se cometan estos ataques, al estar al tanto de los contextos estructurales de violencia, impunidad y autocensura que existen en el país.

En un comunicado, reiteró que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los derechos humanos con estos gremios, especialmente, con las mujeres, “considerando además el alarmante incremento en los casos de violencia de género, muchos de los cuales han culminado en feminicidios y otras formas de violencia”.

La CNDH insistió en la necesidad de que las autoridades reconozcan públicamente la relevancia de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, “comprometiéndose a colaborar para crear un frente común que asegure la libre labor de defensa de derechos humanos y de expresión, así como la prevención y protección respecto de cualquier acto con el que se pretenda inhibir u obstaculizar estas sensibles y relevantes labores en beneficio de la sociedad”.

Subrayó que este panorama de violencia en contra de ambos gremios “lesiona gravemente al tejido social, toda vez que los homicidios perpetrados en su contra no sólo inhiben de manera directa su labor de defensa y libertad de expresión e información, sino que generan un efecto de autocensura en la sociedad a través de la intimidación y amedrentamiento, cuyo objetivo es el evitar que se ejerzan los derechos a la libertad de expresión, de información y a la defensa de derecho humanos”.

Destacó que el combate a la violencia en contra de personas defensoras y periodistas exige una política integral de prevención, protección y procuración de justicia; “de ahí la importancia de que las autoridades se coordinen desde los diversos ámbitos de competencia para asegurar las condiciones óptimas tanto para la prevención de agresiones en su contra, como para su oportuna y eficaz protección”.