Por conducto del contralmirante Ramiro Lobato Camacho, la Secretaría de Marina (Semar) ofreció ayer disculpas públicas a familiares y sobrevivientes de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Tamaulipas, entre febrero y mayo de 2018, por efectivos de una unidad de operaciones especiales de esa dependencia.
“Esta institución del Estado mexicano lamenta profundamente esta situación, por lo que se compromete a continuar colaborando ampliamente con las autoridades, así como a agotar todos y cada uno de los recursos necesarios en el ámbito de nuestra competencia, implementando las medidas hacia el pleno acceso a la justicia”, señaló el mando castrense.
De esa manera, la fuerza armada expresó su voluntad de cumplir con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que derivó también en la aprehensión de 30 elementos navales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean sometidos a proceso.
Por su parte, en representación de los familiares de las víctimas, Jessica Molina Rodríguez señaló que si bien “no todos estamos de acuerdo con esta disculpa pública que acabamos de recibir”, el acto, así como la detención de los elementos castrenses imputados en el caso, “fue un logro enorme” y “emblemático, debido a la cantidad de personas que desaparecieron en poco tiempo”, y demandó que los marinos encarcelados colaboren en la localización de los desaparecidos.
A su vez, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, señaló que con ese acto, realizado en la plaza 1° de Mayo de Nuevo Laredo, el Estado mexicano transmite su compromiso de encarar las violaciones a los derechos humanos, “sin simulación y con toda la firmeza”, para mitigarlos y castigarlos; asimismo, refrendó la voluntad gubernamental de reparar integralmente a las víctimas y de continuar el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda para encontrar a las 13 personas que permanecen ausentes.
Es indudable que la solicitud de perdón efectuada por la Semar es un hecho inédito para el país y sus fuerzas armadas, que en diversas ocasiones recibieron órdenes del poder civil que condujeron a violaciones graves a los derechos humanos sin que existiera ninguna posibilidad real de procurar e impartir justicia a los responsables.
Cabe esperar que este primer paso se traduzca, pues, en justicia efectiva, reparación integral del daño y garantías de no repetición, y que ello contribuya a la superación de la indeseable distancia que llegó a crearse –particularmente durante la “guerra contra la delincuencia” en la que los militares se vieron involucrados en el sexenio antepasado por instrucciones de Los Pinos– entre la sociedad civil y los uniformados.
