La llegada de Martí Batres a la secretaría general de Gobierno de la Ciudad de México (programada para el próximo jueves) constituye un especial refuerzo político para Claudia Sheinbaum, quien tendrá más tiempo para pensar en el futuro presidencial, mientras el senador, que para entonces ya habrá obtenido licencia, se encarga del presente y a la vez piensa en su futuro como posible relevo de la científica.

No es un mensaje menor el que mandan a Sheinbaum, pero parece ser sólo correctivo (2021) y no de castigo real (2024): encajan a un político-político en el entorno “técnico” y frío que incubó la peor derrota de la izquierda partidista desde que en 1997 asumió el control de la Ciudad de México.

Batres ha tenido cargos de relevancia nacional (fue presidente nacional de Morena), pero su experiencia y base social están en la capital del país, en donde ha sido asambleísta y jefe político de la semilla de congreso local llamada Asamblea Legislativa, diputado federal, subsecretario de Gobierno, secretario de Desarrollo Social y dirigente partidista, además de su actual senaduría.

Llegada al máximo cargo de gobierno chilango en 2018, a Sheinbaum le colocaron como secretaria general de Gobierno a Rosa Icela Rodríguez, profunda conocedora de la realidad política, social y policiaca de la gran urbe y ahora secretaria federal de Seguridad y Protección Ciudadana. A su salida del gabinete claudista, Rosa Icela fue relevada por José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, quien venía de ser secretario de Cultura y a quien faltarán nueve días para haber cumplido un año en el cargo.

Batres tendrá más de dos años efectivos en el segundo cargo en importancia del organigrama capitalino para afianzar su candidatura a gobernar. Pero también estará en lista la secretaria federal Rosa Icela Rodríguez, depositaria de tal confianza de Palacio Nacional que le han encargado el tema de las vacunas, en la frontera norte, que antes de lo de la línea 12 del Metro eran materia privilegiada para el canciller Ebrard y su equipo. Otro aspirante podría ser Ricardo Monreal, aunque éste, taimado como político de largo colmillo que es, haya declarado con toda solemnidad que esa postulación ya no le interesa, sino la presidencial.

En otras entregas de esta columna se había señalado el preocupante aumento de violencia criminal contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente y de periodistas. Ayer, la Secretaría de Gobernación precisó que en lo que va del sexenio en curso han sido asesinados 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos. No se incluyó el saldo relacionado con activistas en defensa de la ecología.

Las cifras oficiales confirman que no se han podido contener, mucho menos erradicar, tales agresiones criminales, que no consisten solamente en la muerte, sino que también se expresan en amenazas, lesiones y destierro. Nueve de esos ejecutados, por ejemplo, estuvieron bajo el presunto mecanismo de protección que ofrece el gobierno federal a los amenazados. Se informó, además, que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas atiende a mil 478 personas.

La formal prisión a Luis Cárdenas Palomino tiene como puntos de referencia la tortura y los montajes. El grupo de policías nucleado alrededor de Genaro García Luna practicó por sistema la violencia contra detenidos (lo cual, en general, sigue sucediendo en el país) y la simulación de culpas, la fabricación de presuntos responsables, la falsificación de la justicia.

Una vertiente de complicidad con esas farsas se consolidó en el medio periodístico, en particular en programas noticiosos de televisión abierta, con propietarios, directivos y conductores al servicio de los montajes que pocas veces pudieron ser exhibidos y probados. Ahora, con el caso Cassez-Vallarta como ejemplo, tales contubernios criminales han sido evidenciados, no se sabe si castigados. ¡Hasta mañana!

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