Pequeño, pero poderoso, el voraz grupo político-empresarial que por cuatro décadas controló y se apropió de los bienes nacionales se niega a que el gobierno federal ponga orden en el sector eléctrico –vilmente entregado a particulares por el régimen neoliberal– y bloquea todo intento por lograr ese objetivo, para lo cual, entre otros elementos, cuenta con la “ayuda” de dos diligentes jueces federales que, en nombre de la “libre competencia”, de inmediato frenaron la entrada en vigor de las reformas a Ley de la Industria Eléctrica propuestas por el presidente López Obrador y aprobadas por el Congreso. En pocas palabras, el Poder Judicial descaradamente al servicio de esa caterva y en contra de la nación.

A raíz de la promulgación de la citada ley y el decreto respectivo publicado en el Diario Oficial de la Federación (10/03/21), la maquinaria del grupo voraz –que se niega a dialogar y negociar– comenzó a otorgar cientos de suspensiones provisionales (que se hicieron definitivas) contra la decisión del Ejecutivo y del Legislativo. “Los dueños de las firmas extranjeras y algunas mexicanas están muy molestos por la modificación legal, aun cuando fueron beneficiados con contratos leoninos”, dijo entonces López Obrador, y ejemplificó con el caso, “vergonzoso y humillante de la trasnacional española Iberdrola”.

La intención de los citados cambios a la ley eléctrica, detalló el Presidente, es “quitar las aristas más filosas (de la “reforma” energética de Peña Nieto) para que se vayan a robar más lejos; defenderé la política energética de mi go-bierno, no como amenaza, sino para recordar, como hizo en su momento el presidente Lázaro Cárdenas, que quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria”.

De nada sirvió, porque el par de jueces (Julio Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza) se dieron vuelo en otorgar suspensiones “con efectos generales” a diestra y siniestra –362 en sólo dos meses–, siempre cuidando los intereses del voraz grupo político-empresarial y en contra de la nación. De cualquier suerte, las “medidas cautelares” de este par comienzan a anularse, pero la batalla sigue.

Como ha detallado el mandatario mexicano, “el mercado eléctrico en el país está muy concentrado: básicamente son Iberdrola y 10 empresas más. No estamos en contra de los empresarios, sino de la corrupción. Se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué si en España tienes un margen de utilidad de 15 por ciento, aquí va a ser de 150 por ciento?; la Comisión Federal de Electricidad ha pagado como 300 mil millones de pesos de más por esos contratos leoninos”.

Pues bien, sirva el contexto anterior para entender cabalmente el anuncio que ayer hizo el presidente López Obrador, durante su gira de trabajo por Tabasco: “nunca debe volver la po-lítica neoliberal, y por eso mismo vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica. Al inicio tenía pensado sólo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión (tras la mano negra de los citados jueces) de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere prioritario el interés público, la protección civil y la seguridad de los ciudadanos”.

López Obrador subrayó: “el manejo de la política económica en el periodo neoliberal era poner por delante el interés de las empresas, aun tratándose no sólo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos, la planicie de Tabasco, eso no les importaba”.

Ahora, en su estado natal “ha aumentado más de 200 por ciento la generación de energía en las hidroeléctricas; estaban paradas porque no les daban oportunidad de subir la energía a la red, todo para beneficiar a las empresas privadas y tener subutilizadas las hidroeléctricas que producen energía barata y limpia”. Entonces, iniciativa de reforma constitucional.

Las rebanadas del pastel

En Cuba los recientes acontecimientos tienen sello imperial. Es la obsesión del gobierno gringo de aplastar a un país soberano que no se doblega. Y si año tras año (desde 1992) la comunidad de naciones ha condenado el bloqueo genocida contra la mayor de las Antillas, pues ya es tiempo de que actúe en consecuencia.