La Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de declaración de procedencia para retirar el fuero constitucional a Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, a quien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa de enriquecimiento ilícito mientras se desempeñó como delegado de Coyoacán y fue representante del PRD en la Asamblea Legislativa de la capital del país.
En sesión virtual de trámite, la priísta Claudia Pastor corrigió el sentido de su voto, y junto a los morenistas Pablo Gómez Álvarez y Martha Patricia Ramírez Lucero avaló el expediente que se resolverá el viernes en el pleno de San Lázaro, durante una sesión extraordinaria, donde también se retirará la protección al diputado Saúl Huerta Corona, quien llegó a la Cámara por las siglas de Morena y después fue expulsado al ser acusado de violación equiparada contra un menor de 15 años.
Por el contrario, el Partido del Trabajo (PT) y su diputada Mary Carmen Bernal insistieron en la inocencia de Toledo al votar en contra de su desafuero.
El procedimiento contra Toledo –aceptado ayer– se retrasó dos semanas a causa de la contradicción de la diputada priísta Claudia Pastor, quien había anunciado el respaldo al trámite que permita juzgar al ex delegado de Coyoacán por actos de corrupción, y al momento de emitir su voto se abstuvo con el argumento de haber recibido presiones de la dirigencia nacional de su partido. Días después, reiteró su disposición a votar a favor del desafuero, hecho que se concretó ayer en el encuentro virtual de la Sección Instructora.
Previamente, ella y la legisladora petista faltaron a una sesión para abordar el tema, por lo que no hubo el quórum necesario.
De tal forma, la Sección Instructora, que es el órgano encargado de dar trámite a la solicitud de la autoridad de la Ciudad de México, aprobó el procedimiento de declaración de procedencia, cuyo expediente es el SI/LXIV/DP/01/2021, y fue elaborado con las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia, que pretende comprobar las acciones de corrupción de Toledo.
El texto fue sometido a votación en la reunión del pasado 5 de julio y se remitió a la mesa directiva de San Lázaro. Esa instancia devolvió a la Instructora el dictamen con objeto de que se aclarara el sentido en que fue emitido el voto de Claudia Pastor.
La representante priísta afirmó haber recibido presiones de la presidencia nacional del PRI, y al exponer esa justificación resolvió que, en una nueva consulta, ahora sí se pronunciaría por el desafuero de Toledo.
Así fue ayer. En la segunda votación realizada durante la reunión –en términos de lo dispuesto por el artículo 45, numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General–, el dictamen recibió el voto favorable de la mayoría de los integrantes de ese órgano instructor, y en contra el del PT.
El proyecto de resolución expresa que “ha lugar a proceder penalmente” en contra del servidor público, en función de haber encontrado elementos que permiten acreditar su probable responsabilidad en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito imputado por la fiscalía local, pues de la valoración de los medios probatorios aportados por las partes, así como las obtenidas por la propia Sección, se dieron por acreditados los elementos dispuestos en el Código Penal local”.
El dictamen será remitido a la secretaría de la mesa directiva para que dé cuenta del mismo a la presidencia de la Cámara de Diputados, a efecto de que se siga el trámite procedente ante el pleno, y se convoque desde la comisión permanente del Congreso de la Unión al pleno en San Lázaro para el viernes.
