Ciudad de México. Los programas sociales que instrumentó el gobierno al inicio del sexenio “permitieron que mucha gente sobreviviera” e incluso pudiera salir adelante durante los largos meses de la pandemia por Covid-19, asegura el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez.

“Si hubiésemos estado en el régimen anterior, habríamos tenido problemas sociales muy fuertes”, considera.

En una de las escasas entrevistas que concede el funcionario, May Rodríguez habla con La Jornada y subraya también que la pensión para adultos mayores superará el próximo año 10 millones de beneficiarios con un monto individual de 6 mil pesos bimestrales al final del sexenio. Pero no duda: este derecho constitucional es viable a largo plazo porque las políticas de austeridad y de combate a la corrupción aportarán los recursos suficientes para sostenerlo.

De ese modo, para May Rodríguez la estrategia de dispersar recursos en efectivo entre los grupos vulnerables busca respaldar a quienes nunca han sido sujetos de crédito, lo cual los ha ayudado a sortear los efectos de la pandemia de Covid-19 y reactivar el consumo “desde abajo”.

Admite que es probable un crecimiento de los índices de pobreza para 2020, debido a la contingencia sanitaria, pero ahí mismo expresa su cautela respecto a los indicadores: “No tenemos mucha confianza” en el diagnóstico que en breve dará a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En sintonía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario ubica como uno de los programas más importantes para la actual administración el de las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por su significado para la subsistencia de quienes se encuentran en condiciones de precariedad, sobre todo alimentos y medicinas.

“De entrada, la pensión les permite estar por encima del salario mínimo con un ingreso fijo que aumentará de manera gradual: en 2022 incrementará 20 por ciento y así seguirá hasta que en 2024 se llegue a 6 mil pesos bimestrales”, puntualiza.

–¿Cómo se mantendrá su viabilidad en el largo plazo?

–Una, con el plan de austeridad. Quitar el costo que tenían los altos funcionarios para el pueblo ha permitido liberar recursos importantes. Dos, con el combate a la corrupción. Además, hoy el gasto de operación de los programas sociales es de 4 por ciento, cuando antes llegó a ser de 20 y hasta 30 por ciento.

Para el gobierno federal, “la idea es que Petróleos Mexicanos (Pemex) financie el desarrollo del país, que el Tren Maya produzca ingresos también a través del turismo, y lo se está haciendo ahorita es una inversión que detone el desarrollo y se atiendan las causas generadoras de la desigualdad”.

Aglomeraciones

–En ese escenario, ¿por qué las aglomeraciones para tramitar la pensión de los días recientes?

–Estimábamos que a partir de julio se reanudarían los trámites para el padrón, pero eso no quedó claro, no se difundió. Y como ya se había informado que por la veda electoral no se podría incorporar a más personas, al otro día de la elección ya teníamos a los adultos mayores en todas las delegaciones de los estados.

May Rodríguez indica entonces que esta semana reiniciarán las actividades de registro para obtener la Tarjeta del Bienestar para Adultos Mayores en unos 8 mil centros integradores de las alcaldías capitalinas y municipios del país.

Asimismo, asegura que la reciente salida de Gabriel García Hernández como coordinador de los superdelegados no modificará de forma importante la operación de los programas sociales federales. Éstos, sostiene, no parten de una visión gubernamental de resolver los problemas de la población mediante la repartición de dinero, sino de respaldar sobre todo a los sectores precarizados.

“El tema es que los pobres nunca han sido sujetos de crédito. La economía se puede ver con una distribución más justa de la riqueza, y entonces ves cómo el comercio se empieza a mover desde abajo, que la gente tiene dinero para el consumo y para mejorar sus condiciones de vida”, subraya.

El secretario de Bienestar indica que desaparecer programas sociales de sexenios anteriores obedeció a que “había mucha corrupción y simulación. Era necesario terminar con ellos.

“Fue quitar algo que ya no funcionaba y que de origen estaba corrupto. Ya no se podían rescatar y fue la decisión más acertada.”

–¿Qué espera de las cifras de pobreza en 2020 que el Coneval dará a conocer pronto?

–Para medir la pobreza, el gasto de Coneval es muy alto, porque todas las evaluaciones las subcontrata, las maquila. No las hacen ellos. Si a mí me lo preguntas, yo le pasaría la función del Coneval al Inegi, que también evalúa la pobreza y otros indicadores. La verdad es que no tenemos mucha confianza en lo que emite el Coneval.

–¿Pero sí esperan un repunte en la pobreza por la pandemia?

–Puede ser que aumente. Apenas estamos recuperándonos. Perdimos la actividad económica y fueron meses bastante complicados, pero la gente sobrevivió por los programas sociales.