Aunque la consulta popular del 1º de agosto será la primera experiencia nacional reglamentada de democracia directa, a nivel estatal las modalidades de este ejercicio tienen varios años en leyes locales; sin embargo, la instrumentación no ha prosperado, ya sea porque se han utilizado en contadas ocasiones en el ámbito local o por la ínfima participación ciudadana, que difícilmente ha superado 6 por ciento del padrón, cancelando su eficacia jurídica.

Organizadas con grandes limitaciones financieras o muy escasa difusión, las experiencias anteriores han resultado en sonoros fracasos: en 2002 se efectuó un plebiscito sobre la construcción de los segundos pisos, tema polémico que sólo convocó a 422 mil ciudadanos, 6 por ciento del listado nominal en la capital, pero muy lejos del 30 por ciento mínimo requerido para ser vinculante. En la consulta del 1º de agosto se requiere 40 por ciento.

En 2015, la consulta respecto de si aprobar o no el desarrollo urbano del corredor cultural Chapultepec fue otra experiencia fallida: con 5 por ciento de participación, anuló sus consecuencias legales.

Para Dania Ravel, actual consejera del Instituto Nacional Electoral y en 2015 con el mismo cargo pero en el órgano del Distrito Federal, las experiencias en la Ciudad de México han tenido muy baja respuesta de parte de los votantes. “Incrementarla implicará un trabajo de largo alcance, debe ir de la mano de una continua educación cívica que, además, cruza el tema de que la gente comprenda la importancia de involucrarse en los asuntos públicos”.

El ex presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Javier Santiago, asegura que tomando en consideración el caso del plebiscito relativo a la construcción o no de los segundos pisos, se observó que “no tenemos la tradición de consultar ni de ser consultados. A la población no le parece atractivo”. Recuerda que en 2002 se dieron factores adversos, similares al entorno actual de la consulta sobre el desempeño de los políticos del pasado: recursos financieros limitados y escasa posibilidad de difusión.

Advierte que se enfrentarán esta vez problemas adicionales, pues además de que, asegura, es inconstitucional someter a consulta la aplicación de la ley, la escasez de mesas receptoras impactará en la posibilidad de votar. “El INE hace lo que puede con los recursos que cuenta, pero nadie está obligado a lo imposible, si no hay fondos financieros no se puede organizarla adecuadamente”.

Casos recientes

Sin las reglas que ya disponen las legislaciones federales o locales, las consultas impulsadas bajo esta administración también han adolecido de la escasa asistencia: la cancelación del aeropuerto de Texcoco se determinó con poco más de un millón de votantes, alrededor de 1.2 por ciento del listado nominal en 2018; validar la conclusión de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, se efectuó con 55 mil personas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, ni uno por ciento del listado, mientras la cancelación de la cervecera Constellations Brands, en Mexicali, se decidió con 36 mil participantes.

Si bien las experiencias pasadas no han convocado el interés ciudadano en las diversas modalidades de democracia directa (plebiscito, consulta popular, presupuestos participativos, en la Ciudad de México, con porcentajes de entre 1 y 5 por ciento), para la consejera Ravel, motivar la respuesta para esta consulta “va a depender de poder transmitir el mensaje de que la participación es importante. Hay varios factores: que la gente se familiarice con su relevancia, que va más allá de votar en una elección de servidores públicos, pues implica involucrarse en la decisión sobre asuntos públicos”.

Recuerda una situación semejante: la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Para el común de los votantes era complicado entender para qué asistir a las urnas si la metrópoli ya contaba con leyes.

La insuficiencia de recursos, advierte Ravel, no será obstáculo para promover la consulta, ya que el INE contempla la difusión intensiva en redes sociales, radio y televisión, además de que está incluido el esfuerzo para “ciudadanizar la pregunta” para intentar hacerla más comprensible a los votantes, sin desvirtuar el sentido que fijó la Suprema Corte, aunque “milagros no podemos hacer”, reconoce ante lo abigarrado de la redacción oficial.