Desde abajo y en las calles, contrarreloj, en el marco de un “régimen corona” y un inhóspito clima invernal, haciendo uso del derecho constitucional a la democracia directa −tan cara al pueblo oriental−, el pasado 8 de julio un tercio de la ciudadanía uruguaya logró la hazaña de juntar las firmas necesarias para habilitar una consulta popular sobre la ley 19.889, popularmente conocida como LUC (Ley de Urgente Consideración), buque insignia de la coalición de derechas que llevó a la presidencia de la República a Luis Lacalle Pou. Sobre un mínimo de 675 mil voluntades (25 por ciento del padrón electoral) que se necesitaban para habilitar un referendo derogatorio, se obtuvieron 797 mil 261 firmas, con lo que las fuerzas políticas progresistas, el sindicalismo clasista y los movimientos de la izquierda social retoman la iniciativa y el oficialismo queda a la defensiva.
Considerada por la central de trabajadores PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), el movimiento cooperativista, la Intersocial Feminista y el Frente Amplio (FA) como privatizadora, autoritaria y represiva, la LUC abarca un paquete de 475 artículos (todo el programa de gobierno de Lacalle en una sola ley) y fue promulgada el 9 de julio de 2020 en formato exprés, en medio de un procedimiento legislativo irregular, considerado inconstitucional por razón de forma, ya que se tramitó por un procedimiento excepcional lo que debió haber sido objeto de múltiples proyectos de ley, como por razón de contenido, en tanto resultó imposible predicar la “urgencia” de casi medio millar de artículos. De facto, significó una violación del principio de separación de poderes, dado que el Poder Ejecutivo impuso al Legislativo un procedimiento anómalo.
Apoyado por el gran capital y los medios de difusión masiva hegemónicos privados, en septiembre de 2019, en la fase final de su campaña electoral –signada por la agresividad y la desinformación en las redes sociales−, Lacalle, del Partido Nacional (conservador), afirmó que si el Frente Amplio (FA, centro-progresista) ganaba una cuarta elección consecutiva el último domingo de octubre de ese año, Uruguay pasaría a ser una “dictadura”. La elección se definió en segunda vuelta (balotaje) en noviembre siguiente, y la llamada “coalición multicolor”, integrada por los dos partidos tradicionales: el Nacional (o Blanco) y el Batllista (o Colorado) y por una agrupación ultranacionalista de corte militar, Cabildo Abierto, hizo que Lacalle, perdedor en la primera vuelta, se impusiera por apenas 37 mil 42 votos al candidato del FA, Daniel Martínez.
Ya en la Presidencia, en un país catalogado como de desarrollo humano alto y el más seguro de América Latina, según el Global Peace Index de 2019 y 2020, Lacalle esgrimió un demagógico discurso populista punitivo, que exenta a la delincuencia económica y empresarial (crímenes de cuello blanco) y criminaliza la pobreza, y en la exposición de motivos de la LUC afirmó que Uruguay se encontraba en una situación de inseguridad casi apocalíptica.
Aprobada en el Parlamento por la coalición oficialista, la LUC incorporó al ordenamiento jurídico nuevos delitos, como los de “resistencia al arresto” y “agravio a la autoridad policial” (este último incluye a todo aquel que “obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de éstas”), y dio carácter de ley a la prohibición de los “piquetes” (obstrucción al tránsito de una ruta o calle con fines de protesta y/o la presión de huelguistas a compañeros vacilantes o contrapuestos para que se plieguen a un paro laboral), facultando el uso de la fuerza pública para disolverlos, lo que alienta el gatillo fácil y otras formas de abuso policial. Al respecto, el artículo 392 establece que el Estado debe garantizar “el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los establecimientos”, así como de los propietarios de “ingresar a las instalaciones”, lo que según el PIT-CNT va contra el derecho a huelga consagrado en la Constitución, y para la comisión prorreferendo “es una norma represiva que criminaliza la protesta social y que, lejos de garantizar, restringe derechos constitucionales”. Asimismo, a solicitud de “agencias extranjeras”, la LUC creó una Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado dependiente de la Presidencia de la República, que permite declarar determinadas informaciones como “secretas” y que tiene restringido su acceso, incluso, a pedidos de la justicia.
En medio del hostigamiento y el cerco mediático de la gran prensa, y del ninguneo y el silenciamiento oficial (Lacalle negó la Cadena Nacional de Radio y Televisión para informar sobre el uso de un instrumento constitucional de democracia directa), en el contexto de un “régimen corona” que restringía la movilidad, agudizada por el temor al contacto interpersonal, en los últimos días del plazo estipulado, a pura militancia, a la uruguaya, el trabajo hormiga de la gente de a pie, anónima, honoraria, se impuso al miedo y al marketing, y consiguió más de 100 mil firmas, ratificando la canción de Daniel Viglietti que “una gota con ser poco con otra se hace aguacero”.
La Corte Electoral tiene 150 días hábiles para validar las firmas, y una vez validadas fijar la fecha del acto electoral, en un referendo donde el voto será obligatorio. Los 135 artículos impugnados de la superley serán derogados si los sufragios por el sí representan más de la mitad de los votos válidos, lo que podría desarmar el programa de restauración neoliberal de Lacalle. Se produjo una inversión del juego. El FA y el PIT-CNT acaban de hacer una gran demostración de fuerza; en un país con poco más de 3 millones de habitantes, 800 mil firmas son una fuerza formidable. La LUC es ahora una ley zombie. En marzo o abril de 2022, el acto comicial tendrá las características de una “elección de medio periodo” y Uruguay vivirá un plebiscito sobre la gestión global del gobierno. Lacalle podría terminar cosechando una dura e inesperada derrota.
