La consulta popular que se celebrará el próximo primero de agosto, no es un plebiscito, pues no se trata de aprobar una decisión gubernamental, ni un referéndum, porque no se busca aprobar un texto legal. Tampoco es un proceso espectacular, como el que obligó a renunciar al dictador chileno Augusto Pinochet en 1988. La “consulta” es un mecanismo de democracia directa, que tiene por objeto saber cuál es la opinión mayoritaria de la población electoral sobre un tema de trascendencia.
En México, la democracia directa y sus diferentes vías han sido muy poco utilizadas. En países de desarrollo similar en América Latina, estos mecanismos han tenido un desarrollo y uso intenso. Así que la consulta que se nos viene encima es interesante por insólita.
La definición de un tema trascendente pasó de una propuesta presidencial para juzgar a los ex presidentes, a una formulación muy vaga que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para esclarecer las decisiones políticas del pasado. La vaguedad de la cuestión planteada hace temer que no se alcanzará el porcentaje de votos suficientes para dar carácter vinculatorio a la respuesta.
El Instituto Nacional Electoral organizará y administrará este ejercicio, aprovechando el equipo que subsistió de la magna elección del 6 de junio pasado. Hasta hoy, el entusiasmo popular por la consulta ha sido muy bajo. Ojalá el INE tenga tan buen éxito como lo tuvo en los pasados comicios.
Durante la consulta popular se pueden cometer delitos electorales. No se ve fácil, pero la ley “penal-electoral” prevé algunos, por ejemplo compra de votos, presión al electorado y manipulación de programas gubernamentales, entre otros.
¿Para qué servirá la inversión de esfuerzo y gasto que va a significar el ejercicio de Consulta Popular? Hay un sector que la propone como una crítica al pasado reciente, pero hay otro, que incluye a muchos ciudadanos politizados, que no le ve un sentido claro. Como sea, estamos viviendo tiempos distintos y más democráticos y sería de esperar y desear que la gente acuda y manifieste su opinión, que equivale a un juicio sobre el régimen vigente hasta 2018.
