Al cumplirse dos años de que empezó a operar la Guardia Nacional, organizaciones de derechos humanos demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se pronuncie sobre los recursos judiciales promovidos ante ella relacionados con el marco que permite la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la militarización, “el abuso de la fuerza y la impunidad militar”.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional México, Intersecta, así como académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otros, destacaron en conversatorios virtuales la falta de límites de las fuerzas armadas para operar, “lo cual les permite violar los derechos humanos” y la opacidad en rendición de cuentas y acceso a la información.
Así, Graciela Rodríguez de la Comisión Mexicana, mencionó que el 27 de mayo de 2019 se publicó la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, “que forma parte del marco regulatorio del despliegue y operación de la Guardia Nacional”. En junio de ese mismo año, dijo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad, “al no contemplarse la finalidad del uso de la fuerza, los principios de racionalidad y oportunidad, la definición de métodos, técnicas y tácticas del uso de armas y los mecanismos y procedimientos para la presentación de informes de autoridades que utilicen armas de fuego”.
Estefania Vela, de Intersecta, expuso que los datos que se tienen muestran “que las fuerzas armadas son las autoridades que actúan con mayor arbitrariedad y violencia”, por lo que “deberían estar sujetas a controles como los establecidos en la Ley Nacional de Registros de las Detenciones”.
