La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó ayer que lleve a cabo una persecución política en contra de Idelfonso Guajardo, ex secretario de Economía, e informó que desde el pasado mes de marzo se dio acceso al ex funcionario y su defensa para presentar pruebas en su favor, sin que lo hubiera hecho ante el Ministerio Público Federal.
El viernes, por no poder acreditar los recursos que obtuvo y que sirvieron para adquirir obras de arte y realizar diversos depósitos en cuentas bancarias nacionales como extranjeras, un juez federal vinculó a proceso penal por enriquecimiento ilícito a Ildefonso Guajardo, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Economía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero indicó que ha actuado con transparencia y, “bajo esa premisa, la FGR responde que son absolutamente falsas las afirmaciones del señor Ildefonso ‘G’, y de su abogado, en el sentido de que el caso ‘huele a persecución política’, y de que no se les ha dado acceso a las pruebas”.
El Ministerio Público Federal expuso que este caso inició con una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública federal el 12 de octubre de 2020, y que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Femcc), integró la carpeta correspondiente, “dándosela a conocer al acusado desde el 8 de marzo del presente año, hace cuatro meses, otorgándole acceso a todas las pruebas aportadas; lo cual se ha continuado, de manera permanente, hasta el día de la audiencia˝, que ocurrió el pasado jueves.
En cuanto a la “acusación principal, se refiere a una cuenta del acusado en el extranjero, con un saldo de 8 millones 169 mil 639 pesos, cantidad que él afirma proviene del repudio que hizo en 2014 de la mitad de un inmueble que fue legado a él y a su hermana; y, al respecto, entregó la escritura sobre ese tema en la que su mitad no corresponde, de ninguna manera, con la cantidad que dice haber depositado por ese origen”.
En una tarjeta informativa, la FGR expuso que “en este aspecto y en todas las pruebas, desde el 8 de marzo se le ha dado acceso permanente a toda la indagatoria y, a su vez, se le ha pedido que demuestre el origen de esa inconsistencia, sin que lo haya hecho. Y, ante tales circunstancias, la única opción del Ministerio Público Federal (MPF), fue la judicialización del caso”.
Asimismo, la dependencia refirió que, “ya en la audiencia ante el juez de control, la autoridad judicial le volvió a dar la oportunidad para que aportara las pruebas referidas y también para que pidiera a su favor el aplazamiento procesal correspondiente, y ninguna de esas opciones fue tomada en cuenta por el acusado.
“Si después de cuatro meses y de todas las oportunidades procesales para demostrar su inocencia, resulta que las pruebas que debió de haber entregado ante el ministerio público o ante el juez de control las hace aparecer para argumentar algún tipo de persecución política, dicha estrategia, por su propio peso, demostrará cuál es la verdad sobre ese particular”.
