La justicia ambiental es un ingrediente sustancial de las democracias constitucionales, en la que jueces y juezas juegan un papel fundamental frente al reto que implica su acceso, aseguró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, durante la ceremonia de clausura del Congreso Interamericano de Derecho Ambiental.

En el foro Biodiversidad y derecho, enfatizó que entre las conclusiones del encuentro se destacó la necesidad de “representarnos y transformarnos como sociedades democráticas para evitar conflictos relacionados con la precariedad y pobreza como causa y efecto del deterioro ambiental; apuntamos la importancia de adoptar un derecho humano a un medio ambiente sano, el cual debe tener una construcción sustantiva y ecocéntrica”.

La actividad fue organizada por la SCJN con la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (WCEL-IUCN, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; participaron los integrantes del máximo tribunal del país y especialistas e investigadores de 20 naciones.

Gutiérrez Ortiz Mena también señaló que se identificaron importantes barreras procesales para acceder a la justicia medioambiental, que van desde las regulaciones procedimentales o el costo de los litigios hasta la necesidad de generar, obtener y comprender evidencia científica e información precisa.

Subrayó “la necesidad de que jueces y juezas conozcan el lenguaje de la ciencia para acercarse a esa evidencia de manera útil y crítica; reconocimos la importancia de la participación ciudadana y su capacidad de cambiar las instituciones públicas, incluida la función judicial y atribuimos un papel protagónico a los movimientos sociales; reconocimos también la vulnerabilidad de ciertas comunidades que reciben los mayores impactos de denigración ambiental y el riesgo que enfrentan los defensores de derechos ambientales”.