Luego de 14 días en riguroso silencio, finalmente, el ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro mencionó este sábado, la denuncia que el diputado Luiz Miranda hizo en la Comisión de Investigación del Senado sobre la conducción del gobierno durante la pandemia.

La acusación se refería a un encuentro de Bolsonaro con los hermanos Miranda –el diputado y un alto funcionario del Ministerio de Salud– cuando oyó de mecanismos de alta corrupción manejados por militares incrustados en cargos antes ocupados por médicos, científicos y especialistas.

El mandatario expresó a los dos hermanos que ordenaría una investigación de la Policía Federal. Nunca lo hizo.

Pues ayer rompió el silencio. En una entrevista a una estación de radio, contó que recibe a unas 100 personas por mes, además de su agenda con ministros, y que no puede adoptar medidas para todo lo que le dicen.

Ocurre que fue algo de especial gravedad lo que oyó y no hizo nada. En un primer movimiento, el gobierno –y no el presidente personalmente– informó que Bolsonaro determinó que el entonces ministro de Salud, el general activo Eduardo Pazuello, investigara la denuncia. Y que la averiguación resultó en nada.

Ocurre que la acusación se dio un sábado, y Pazuello fue informado el lunes y exonerado al día siguiente. Es decir: en 24 horas averiguó e informó que no había nada de anormal, pese a que toda la documentación presentada estaba sustentada.

La declaración de ayer sirve para confirmar dos puntos. Una: Bolsonaro está completamente perdido, y eso ocurre en un momento especialmente negativo para él. Todas las encuestas de opinión pública reafirman que Lula da Silva lo arrollará en los comicios presidenciales de 2022, y ahora revelan algo inédito: más de la mitad de los brasileños –52 por ciento en una encuesta y 54 por ciento en otra– aprueban su destitución. Y más: 54 por ciento de los encuestados no creen en nada de lo que dice.

La tensión institucional alcanzó niveles extremos. Bolsonaro ataca de manera radical tanto a la Comisión de Investigación del Senado como a integrantes de la Corte Suprema del país y del Tribunal Superior Electoral, instancia máxima del sector. Y, por si fuera poco, amenaza con no realizar las elecciones previstas para el próximo año.

Y por otra parte, los comandantes máximos de las fuerzas armadas amenazan a las mismas instituciones y dejan clara la posibilidad de que interrumpan, cuando crean necesario, la vigencia de la democracia.

Todo eso a razón de lo que declaró el senador Omar Aziz, quien preside la Comisión del Senado, frente a la marea de denuncias contra militares tanto retirados como activos en las maniobras de corrupción del Ministerio de Salud, señaló que la mayor parte de los militares deberían estar avergonzados por lo que hizo la minoría, la “parte podrida” de las fuerzas armadas, resaltando que se trata de una minoría.

La reacción injustificable del Ministerio de Defensa y de los tres comandantes de las fuerzas armadas, amenazando con moverse en favor de la democracia y de las instituciones –léase: intervención– sorprendió y preocupó, una vez que coincide con la amenaza presidencial de que no se realicen los comicios en 2022 “a menos que haya voto impreso, para prevenir fraudes que lleven al Nueve Dedos al poder”.

Nueve Dedos es una manera típica de Bolsonaro para referirse a Lula da Silva, quien perdió un meñique cuando era obrero.

A propósito de la manera bolsonariana de ejercer la presidencia y de su noción de dignidad del cargo que ocupa, vale recordar dos frases recientes. Al referirse a la Comisión Parlamentaria de Investigación, Bolsonaro expresó: “me cago en la CPI”. Y al mencionar al presidente del Tribunal Superior Electoral, que además integra el Supremo Tribunal Federal, dijo que se trata de “un imbécil, un idiota”.

Todo eso puede ser resumido en un cuadro de extrema tensión.

Hay un mandatario irremediablemente desequilibrado que se derrite frente a la opinión pública y se vuelve cada vez más agresivo para alentar a la minoría que lo sigue defendiendo a cualquier precio (entre 12 y 15 por ciento del electorado), que está bajo investigación por corrupción antes de asumir el mandato, que protege a militares envueltos en iniciativas corruptas, que al negarse a atender a las recomendaciones de protección contra la pandemia se hizo cómplice de parte fundamental de 540 mil vidas perdidas.

Una Comisión de Investigación del Senado que avanza en denuncias cada vez más sólidas de corrupción en el gobierno.

Unas fuerzas armadas que parecen haber perdido el rumbo entre mantenerse en sus funciones constitucionales y proteger a un gobierno corrupto encabezado por un sicópata.

Un cuadro trágico de desempleo, hambre, inflación, devastación en todo –todo– por un gobierno determinado a eso.

Y un horizonte inmediato cubierto de tinieblas.