Los ministros de Finanzas del G-20 alcanzaron ayer un acuerdo histórico para crear un impuesto global mínimo a las empresas multinacionales, el cual se espera que entre en vigor en 2023 con una tasa no inferior a 15 por ciento. Este nuevo gravamen aplicará a las menos de 10 mil grandes compañías cuya facturación supera 890 millones de dólares anuales, y está particularmente dirigida a las 100 empresas más rentables del planeta que concentran más de la mitad de las ganancias mundiales.
La columna vertebral de lo que el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, denominó “nueva arquitectura de la tributación para el siglo XXI” radica en el diseño de mecanismos para que estas compañías tributen en las naciones en donde obtienen ganancias y no –como sucede ahora– en aquellas en las que establecen su domicilio fiscal. En este sentido, el acuerdo tiene un significado que va mucho más allá de los 150 mil millones de dólares que permitirá recaudar cada año: se trata nada menos que de revertir uno de los pilares de la estructura neoliberal, aquel que permite a los grandes capitales maximizar sus ganancias mediante una evasión de impuestos consagrada por los propios estados que son víctimas de la defraudación.
La arquitectura financiera global del neoliberalismo dio rienda suelta a dos de los grandes males económicos de la actualidad: los paraísos fiscales y la llamada “carrera por el impuesto más bajo”. En el primer caso, se trata de países, regiones o dependencias coloniales que ofrecen a los poseedores de grandes capitales (sean empresas o personas) condiciones óptimas para ocultar sus fortunas, no sólo con tasas impositivas bajas o inexistentes, sino con políticas de secreto bancario que facilitan la evasión de impuestos y el lavado de dinero. La segunda de estas lacras es una consecuencia del absurdo de que las compañías no estén obligadas a pagar impuestos allí donde obtienen sus utilidades, por lo que los países o las regiones dentro de ellos se ven orilladas a cobrar tasas más bajas a fin de evitar que las firmas localicen sus oficinas corporativas en zonas más “atractivas”. Un ejemplo de dicha práctica se vive en estos momentos en Estados Unidos, donde hay un verdadero éxodo empresarial de Nueva York y California a Texas y Florida, estados que se han distinguido por reducir o eliminar los impuestos a los más ricos a expensas de la inversión pública y las políticas sociales.
Este traje fiscal hecho a la medida de las grandes corporaciones, ha mantenido a las naciones en un déficit crónico y ha supuesto un costo incalculable en términos de desarrollo social y derechos humanos a la salud, la educación, la cultura, el trabajo digno o la vivienda, cuyo cumplimiento se ha postergado para satisfacer la codicia y la voracidad de un puñado de empresas. Sólo queda hacer votos por que las normas que darán cuerpo al acuerdo, todavía por redactarse, no conviertan su espíritu en letra muerta a través de lagunas legales y subterfugios que den vía libre a la simulación por parte de autoridades y capitalistas.
