Managua. El abogado estadunidense Jared Genser, defensor de los opositores nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, detenidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega hace un mes, afirmó ayer que sus clientes están legalmente “desaparecidos” debido a que no existe información alguna sobre su paradero ni su condición.
“Éste es un claro ejemplo de desapariciones forzadas, cuando un Estado se niega a reconocer una detención o a dar información sobre personas arrestadas”, señaló Genser en una rueda de prensa virtual sobre la situación de ambos candidatos presidenciales, capturados por la policía el pasado 9 de junio.
Agregó que en igual situación están la dirigente política Violeta Granera y otros 23 opositores arrestados desde fines de mayo, entre quienes figuran otros cuatro aspirantes presidenciales, tres dirigentes campesinos, dos líderes estudiantiles, dos ex guerrilleros sandinistas, dos ex vicecancilleres, dos empresarios y un periodista.
“Es una situación muy grave. El gobierno ha dicho que han sido llevados ante un juez, pero no podemos confirmarlo, los abogados no han estado presentes y no han sido acusados formalmente de ningún delito”, explicó el jurista.
Los opositores tampoco han sido vistos por sus familiares. “Es posible” que estén en la cárcel conocida como El Chipote, pero esto no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial ni por allegados a los detenidos, añadió Genser.
Berta Valle y Victoria Cárdenas, esposas de Maradiaga y Chamorro, exigieron al gobierno una “prueba de vida”. Por su parte, Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, acusó al gobierno de impedir el ingreso de un médico privado al centro penal para examinar a su madre, que tiene 70 años y padece problemas cardiacos.
Genser indicó que esperan que Ortega responda a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), que el 24 de junio dio un plazo de dos semanas para liberar a ambos detenidos y dar información sobre su situación. El plazo venció el pasado jueves.
El alto tribunal también ordenó liberar a Granera y al empresario José Adán Aguerri, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió adoptar medidas provisionales para “proteger la vida, la integridad y libertad personal de los líderes y de sus núcleos familiares”.
Nicaragua vive una crisis política desde 2018, cuando estallaron protestas que fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares, dejando un saldo de 328 muertos, más de 2 mil heridos, mil 600 detenidos y más de 100 mil exiliados, según cifras de la CIDH. El gobierno acusa a los opositores detenidos de haber organizado esa rebelión, que califica de “fallido golpe de Estado” contra Ortega, quien aspira a ser relegido por tercera vez en los comicios de noviembre próximo.
