El narcotráfico ha afectado la producción forestal en estados como Michoacán, Guerrero y Jalisco, pero también existen otros factores adversos, como el poco acceso a capital de inversión, la “tramitología” para obtener permisos de aprovechamiento y los “altos costos de los diversos requisitos para hacer un manejo sostenible”.

En la presentación del reporte La producción forestal en México a lo largo del tiempo: avances y retrocesos, elaborado por expertos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMS), se advierte que hay más de 60 millones de hectáreas de bosques, por lo que el país es de vocación forestal. Actualmente 5 millones de hectáreas tienen autorización de aprovechamiento maderable.

Juan Manuel Barrera, director ejecutivo de Resiliencia y Desarrollo Comunitario AC, integrante del CCMS y autor principal del estudio, precisó que la región centro del país es “donde se han registrado los mayores altibajos en la producción forestal en los últimos 25 años. Michoacán ha sido el estado más colapsado en cuanto a la producción forestal. De 1.5 millones de metros cúbicos que se tenían en 2000, se colapsó a partir de 2009-10 a menos de 500 mil metros cúbicos”.

Precisó que “el crimen organizado ha inhibido los aprovechamientos forestales en las regiones sudoccidental (municipio de Coalcomán y vecinos) y oriente de Michoacán (Zitácuaro, Ocampo, Hidalgo, Angangueo y otros municipios) por la imposición de cuotas para sus empresas”.

Pero también la caída de la producción se relaciona en la entidad con la deforestación, y es que “cada año se pierden unas 6 mil hectáreas de bosques de pino para dedicarlas a cultivar aguacate. En los últimos años se le han cambiado el uso de suelo a casi 100 mil hectáreas de bosque”, precisó Barrera, quien añadió que a esto se suma la “costosa tramitología”.

En el foro virtual, mencionó que “en Guerrero las organizaciones regionales y las empresas forestales comunitarias han tenido gran presión del crimen organizado, y han tenido que disminuir o se han visto forzadas a cerrar sus aserraderos y sus empresas forestales comunitarias”.

Guerrero y Oaxaca “tienen una historia de organización forestal de más de 30 años. La diferencia es que en Oaxaca el crimen organizado no ha permeado las estructuras comunitarias forestales”.

Dijo que en el sureste debido a la operación del Tren Maya habrá impactos. “Cada una de las 18 estaciones que se construirán tendrán un crecimiento expansivo, que muy probablemente causará degradación en las selvas.”