El 11 de junio de este año, la asamblea general del Sindicato de Académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) envió una carta al director general, antropólogo Diego Prieto, en la que rechazaba el Reglamento de la Ley Orgánica que publicó el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo pasado, ya que se consideró que los trabajadores de la institución no habían sido consultados para su elaboración, y, en consecuencia, nace con el vicio de origen de una imposición de la autoridad que lo permea y determina. La carta terminaba conminando al titular de la institución a convocar a la participación activa, a fin de generar un nuevo reglamento que fuese verdaderamente “un ejemplo a seguir”. La carta, era de suponerse, no recibió respuesta alguna.
Así, el reglamento se generó en la opacidad, a partir de la designación discrecional de una junta de notables nombrados por funcionarios, sin representatividad, seleccionados con criterios nunca conocidos, y al margen de cualquier voluntad de diálogo o principio democrático. Igualmente, el reglamento constituye un instrumento involutivo porque asegura el sometimiento a la decisión unipersonal del director general de instancias como el Consejo General Consultivo y los consejos de áreas. En su composición y alcance, estos consejos no tienen peso real en la toma de decisiones, ya que su carácter colegiado es una ficción, pues violenta el principio deliberativo necesario para generar decisiones conjuntas en las condiciones de equidad que caracterizan a los grupos colegiados.
Los consejos tienen un papel acotado, ya que sus integrantes recomiendan, proponen y opinan, pero las decisiones corren a cargo exclusivamente del director general (artículo 51), además de eludir cualquier mención a instancias de participación en los centros regionales de la ya octogenaria institución, que no puede quedar al arbitrio decisorio de un solo individuo. Los diversos candados para evitar el ejercicio de un cuerpo colegiado impiden que el reglamento sea un instrumento para defender y garantizar el cometido del INAH y sí para dar continuidad a su vulneración, ya de sobra evidente en la actualidad. Las afectaciones son tan diversas como contundentes, que cabe mencionar sin ánimo de exhaustividad: a) el recorte del presupuesto para una institución nacional, que recibe una suma equiparable a la asignada a un solo proyecto en la Ciudad de México, el destinado a Chapultepec, y carente de fundamentación que lo justifique; b) su marco legal insuficiente; c) su creciente opacidad e inoperancia administrativa; d) la precariedad contractual de trabajadores eventuales; e) el impago a investigadores que cambiaron de categoría en las evaluaciones apegadas a la normativa vigente; f) la suspensión de concursos de oposición por plazas vacantes; g) la cada más endeble o ausente vinculación institucional con las comunidades que resisten el proceso de recolonización de sus territorios y la creciente acumulación por desposesión; h) las decisiones discrecionales de sus funcionarios con fines políticos; i) la creciente permisividad con los megaproyectos; j) el abandono de la responsabilidad inherente de peritajes antropológicos objetivos e imparciales; k) el virtual abandono presupuestal de las escuelas del INAH; l) el rechazo a cualquier diálogo serio con los trabajadores académicos y no académicos; m) la carencia de una política de investigación definida en función del interés nacional, sus pueblos y culturas; n) la insuficiencia de plazas de investigación que respondan a los retos de la dinámica actual del país, lo que impide un recambio generacional al que contribuyen las condiciones de retiro insatisfactorias; ñ) la perspectiva limitada y burocrática de difusión y divulgación; o) las afectaciones documentadas al patrimonio arqueológico e histórico. En síntesis, y de manera significativa, resulta patente la continuidad con las políticas progresivas de precariedad agudizadas en los sexenios previos, simple expresión del hecho de que persiste el mismo equipo directivo de funcionarios que operó en el gobierno de Peña Nieto.
Y ha sido a su vez la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo actual la que ha dado el toque final al carácter antidemocrático del reglamento. De no menor relevancia es que este instrumento prefigura, en su texto y en las ausencias que denota, la conformación de un organismo a modo que abandona el alcance territorial y social de su cometido central de investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural de la nación, pues esa encomienda determinante, que hizo por años del INAH un ordenador del territorio, constituye hoy un obstáculo para la instauración de megaproyectos extractivistas, cuyas diversas afectaciones han sido ya ampliamente documentadas y denunciadas.
Así, resulta imperativa una democratización profunda del INAH, con la participación real de sus trabajadores en el rescate y la dignificación de esta institución.
