Agrupaciones feministas expusieron que los gobiernos deben reconocer que “existe la violencia contra las mujeres y que la respuesta no ha sido adecuada, “etiquetar presupuesto” para el sector y consideraron necesario que las administraciones dejen de criminalizar las protestas feministas.
En conferencia de prensa presencial denominada Calidad de la democracia más allá de las urnas, precisaron que es inadmisible que casi la totalidad del presupuesto para combatir la violencia de género se canalice a asuntos administrativos, y no en atender a las víctimas.
María Guadalupe Ramos Ponce y Citlali Santoyo Ramos del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, red feminista presente en 15 países de la región, precisaron que “97 por ciento del presupuesto se destina a gasto operativo para las estructuras”.
Citaron que los recursos van, por ejemplo “al mantenimiento de la unidades o para dar capacitaciones que para lo único que sirven es que obtengan su diploma de expertos en género, pero en la vida de las mujeres y niñas no tiene impacto significativo para disminuir las violencias ni para acortar las brechas de desigualdad” y añadió que ni siquiera hay dinero para los refugios que reciben a mujeres agredidas.
Revisión a política pública
Ramos Ponce dijo que “sólo un mínimo porcentaje es para abatir la desigualdad y violencia, lo cual es un despropósito, por lo que se debe hacer una revisión completa de esa política pública y hacer caso de la observaciones que hace a Auditoría Superior de la Federación”, pues esos datos provienen de un análisis que hace esa instancia entre 2007 y 2017. Eso explica en parte que “no está siendo una política pública eficaz”, pero advirtieron que esa situación no es de ahora, sino que desde hace años.
Aseguraron que “cuando no se destinan los recursos de manera adecuada se desvían o no se utilizan para los fines que son destinados, esto es para disminuir la violencia contra la mujeres o para acortar las brechas de desigualdad, es un acto de corrupción”.
Indicó que con sólo 3 por ciento de los recursos difícilmente se puede dar apoyo sicológico, asistencia jurídica y médica, tal como lo establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre Violencia.
Elvia Angélica Arzate Estrada, directora ejecutiva de Controla tu Gobierno, comentó que la organización está asesorando a agrupaciones feministas a realizar “auditorías sociales”.
